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El fiscal Anticorrupción pidió al juez que Hacienda investigara el patrimonio del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, para ver si cuadraban las cuentas y guardan consonancia con sus ingresos. El planteamiento de Briones se enmarca dentro de las diligencias abiertas por un presunto caso de corrupción en torno a la adjudicación del plan de residuos de la Vega Baja, cuyo consorcio preside Ripoll, y forman parte de la documentación que el juez que instruye el caso, Carlos San Martín, entregó el viernes a todos los letrados personados y que ayer pidió que le fuera devuelta por haberse develado, por error, información bajo secreto de sumario.
Entre estos documentos se encuentra un informe elaborado por la Brigada de Banqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal en el que se afirma, en relación al presidente de la Diputación, que "se viene detectando de manera muy apreciable diversas operaciones que estarían directamente relacionadas con el aumento considerable de su patrimonio". Y recuerdan los redactores lo que denominan el "aspecto central de la investigación", que es "el presunto pago en especie al presidente de la institución provincial de dos viviendas de la promoción Calamerced sitas en la avenida Pérez Galdón de Alicante (...) por un montante aproximado de un millón de euros".
No obstante, los investigadores precisan que "hasta que estos hechos puedan ser corroborados", durante el periodo del elaboración del informe, que fue entregado en el juzgado el 3 de noviembre del año pasado, "Ripoll habría adquirido un inmueble en un lugar privilegiado del centro de Alicante constatando nuevamente el continuo interés del presidente por la adquisición de capital inmobiliario".
Hipoteca en la CAM
La vivienda, como ya explicó Ripoll cuando se levantó el secreto de sumario y los primeros datos de este proceso salieron a la luz, se compró con una hipoteca de la CAM por 420.000 euros y se escrituró en el Palacio Provincial en un acto en el estuvieron presentes el director territorial de la CAM, Agustín Llorca, el notario Francisco Peral, Ripoll y su mujer. En este punto precisa el informe: "es significativa la falta de transparencia de este tipo de operaciones inmobiliarias. El día anterior se reunieron en la misma sede los mismos personajes, si bien por la entidad bancaria se personó Javier Villamón, marido de Otilia García Pertusa, concejala del Ayuntamiento de Alicante y persona allegada a la alcaldesa. Habida cuenta de las diferencias políticas entre el presidente de la Diputación y la alcaldesa, a pesar de que ambos pertenecen a la misma formación política, esta situación provocó en la persona de Margarita de la Vega (la mujer de Ripoll) una gran convulsión, motivo por el que se suspendió el acto y se emplazó para el día siguiente", cuando acudió Llorca por parte de la Cam y se formalizó la escritura.
De los datos recogidos por los investigadores se concluye en el informe, que se realiza en otoño del pasado año, que "Ripoll estaría interesado en la compra de un vehículo de la marca BMW, de la serie Uno", y apuntan que en las conversaciones con un tal Javier Benito, el presidente le comunica que la intención de comprarle un coche a su hija de las características del modelo citado "si bien insta a que sea de segunda mano o kilómetro cero, pero que esté bien equipado". Finalmente quedan en el concesionario el 23 de octubre sin que tampoco conste si al final el vehículo fue adquirido o no.
En otro momento del resumen de las pesquisas policiales se hace referencia a unas conversaciones mantenidas entre Ripoll y una hermana suya, María de los Ángeles, en la que se ponen de manifiesto, según la Policía, unos pagos por parte de la mujer al presidente de la corporación provincial. "Al parecer, dice el informe, estas cantidades las tendría que abonar Paco (por Ángel Francisco Ripoll Serrano), hermano de ambos, a través de María de los Ángeles, que actuaría como persona interpuesta y sería la encargada de remitir directamente esta cantidades al presidente". Los investigadores apostillan que de estas cantidades "no se especifican ni en cantidad ni en concepto, si bien Joaquín se apresura en comentar que no se haga ningún ingreso en su cuenta bancaria.
En otro informe posterior al anterior y entregado en el juzgado de Orihuela el 29 de noviembre de 2009 los investigadores concluyen que por "las conversaciones de interés analizadas (de Ripoll y de su mujer) se ha puesto de manifiesto el desmesurado patrimonio atribuible a ambos así como el uso de dinero en efectivo para abonar ciertos bienes o servicios cuya justificación en base a sus ingresos ordinarios como cargo público sería cuanto menos discutible". La Policía considera que es preciso "un estudio patrimonial riguroso" para "tratar de determinar y cuantificar la parte de su patrimonio que pudiera atribuirse a un enriquecimiento ilícito". Por ello se pide que Hacienda investigue, además de a Ripoll, a su mujer y a sus hijos, a los hermanos del presidente de la Diputación, a mercantiles relacionadas con familiares y a personas de de su confianza, como el director conservador del Parque Natural del Peñón de Ifach, Manuel Ferrándiz Oltra.
El presidente de la Diputación declinó ayer pronunciarse sobre cualquier asunto relacionado con el cas Brugal.
Una embarcación que se quedó en palabras
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En el informe realizado por la Brigada de Banqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal aparece, dentro de los bienes supuestamente propiedad del presidente de la Diputación, una embarcación de recreo que finalmente no consta que pertenezca ni haya pertenecido en ningún momento a Ripoll. El informe recoge que "otros de los aspectos más significativos en la adquisición de diferentes bienes por parte de José Joaquín Ripoll es una embrocación". Y a continuación precisa que "en este contexto existen unas conversaciones en las que el presidente se pone en contacto con Perfecto Palacio y le traslada su intención de comprar una embarcación. Al parecer Perfecto dispone de una, concretamente un A3 TOMA de 13 metros. Quedan ambos para enseñársela a Joaquín en la Marina del Puerto de Alicante el 13 de octubre" de 2009.
La embarcación a la que se refiere el informe policial sería, contoda probabilidad, una DOMA A3 (aparecería TOMA por un error tipográfico), una motora de 12 metros de eslora y 3.90 de manga cuyo precio sobrepasa los 300.000 euros y que comercializa la empresa Astilleros Alicante, con oficinas en la capital y Guardamar.
Son embargo, ni hay constancia de que Ripoll se hiciera con este barco ni tampoco aparece en nombre del presidente de la Diputación ligado la propiedad de ninguna embarcación.
