La Guardia Civil registró ayer por orden judicial el Ayuntamiento de la Pobla de Farnals y la sede de dos constructoras -una en Valencia y otra en Castelló- en busca de pruebas documentales del agujero económico denunciado por un vecino en relación con la edificación de dos manzanas de apartamentos en la playa de ese municipio. La operación policial desplegada ayer es fruto de la querella que presentó el pasado viernes la Fiscalía Anticorrupción, y que da cuenta al juez de Massamagrell del hallazgo de indicios de un presunto delito de prevaricación, otro de malversación de caudales públicos y tres más contra la Hacienda Pública.
El ojo del huracán lo constituye un agujero económico derivado del excedente de edificabilidad de las manzanas 19 y 23 del PAI de la playa. Según la querella de la Fiscalía, parte de ese dinero que las dos constructoras debían pagar sí llegó a las arcas municipales, pero del resto nada se sabe. El denunciante original, que apunta al antiguo alcalde socialista Josep Vicent Sanchis y a su equipo de gobierno, estimaba en cinco millones de euros la cuantía desaparecida, mientras que fuentes próximas al caso consultadas ayer por Levante-EMVhablan de una cifra que se sitúa en torno al millón y medio.
Los agentes de la policia judicial de la Comandancia de Valencia se presentaron simultáneamente en el Ayuntamiento de la Pobla y en la sede de las dos empresas. En el caso del consistorio, los cuatro guardias civiles, especialistas en delitos contra el patrimonio, entraron en las dependencias municipales a las 9.40 horas, acompañados del fiscal del caso y de la secretaria del Juzgado de Instrucción número 3 de Massamagrell, que investiga la querella.
Durante las siguientes cuatro horas y media cerraron las dependencias de Urbanismo y el archivo municipal en busca de la documentación solicitada por la Fiscalía. En ese tiempo, los ciudadanos tuvieron que renunciar a realizar buena parte de las gestiones habituales, ya que la operación policial obligó a clausurar toda la segunda planta.
Catorce cajas de documentación
Los agentes, junto con el fiscal y la secretaria del juez, abandonaron el ayuntamiento poco después de las dos de la tarde, cargados con catorce cajas llenas de documentación relativa a los dos expedientes investigados, los de las manzanas 19 -promoción que corrió a cargo de la mercantil castellonense PKL- y 23 -los edificios Sol y Mar, promovidos por Alejandro Soler Grupo Inmobiliario-.
Aunque inicialmente en los registros se encontraba un experto policial en delitos telemáticos, el fiscal prefirió no llevarse ni discos duros ni otros soportes informáticos.
La Guardia Civil tardará semanas en analizar todo el material intervenido en los tres registros. De momento, en una primera inspección, han sido encontrados justificantes de pago por parte de las mercantiles por valor de unos 600.000 euros. Del resto, aún no se sabe nada.
Aunque la querella va dirigida contra personas concretas, las fuentes consultadas insistieron en que aún no hay imputados en la causa, ya que "el juez aún no ha citado a nadie a declarar y los registros han sido el primer paso para conocer si existen o no pruebas de esos delitos". A lo largo de los próximas semanas, el instructor irá citando al ex alcalde Josep Vicent Sanchis, al ex concejal de Urbanismo, a los constructores y a los técnicos, entre otros, una vez disponga de los primeros análisis documentales que ya ha ordenado a la Guardia Civil.
