El sumario involucra a tres consellers, a siete alcaldes del PP y a un tercio del equipo de Ripoll

Anticorrupción apunta a una treintena de responsables públicos y dirigentes del Partido Popular, a asesores y cargos de confianza en
diversas instituciones, a empresarios como Enrique Ortiz y Ángel Fenoll y a técnicos en un sumario en el que se investiga a 118 personas

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Imagen del registro que realizó la Policía el pasado verano en la sede de la diputación provincial de Alicante.
Imagen del registro que realizó la Policía el pasado verano en la sede de la diputación provincial de Alicante.  CRISTINA DE MIDDEL

PERE ROSTOLLALICANTE El sumario de la operación Brugal -cerca de 19.000 folios con documentos, transcripciones de conversaciones y un sinfín de diligencias- pone bajo la vigilancia de los focos de la Fiscalía a un total de 118 personas -lista completa en las páginas 11, 12 y 13-, con 46 personas ya imputadas. La investigación destapa, en 17 piezas diferentes, las relaciones entre políticos, empresarios -con Ángel Fenoll, Enrique Ortiz y Rafael Gregory como ejes-, asesores y técnicos para mediar en decisiones de las instituciones públicas, disponer de trato de favor y obtener influencias en adjudicaciones. Nada menos que una treintena de cargos públicos y dirigentes del PP aparecen involucrados. Tres consellers, entre ellos, dos de los tres vicepresidentes y Mario Flores; siete alcaldes con Sonia Castedo y Mónica Lorente como principales exponentes; un tercio del equipo de gobierno de la Diputación con el propio Joaquín Ripoll ya imputado por cinco graves delitos; dos diputados autonómicos, uno de ellos el ex primer edil de Alicante Luis Díaz Alperi; y regidores en una docena de municipios aparecen en una de las operaciones más importantes desarrolladas por Anticorrupción.
Cuando sólo restan siete meses para las elecciones y a pesar de que las tramas que afectan a los populares -Fabra, caso Gürtel y ahora Brugal- se extienden por toda la Comunidad, sin embargo, la dirección nacional del PP no ha tomado, hasta ahora, ni una sola medida para cortar de raíz la situación. Mariano Rajoy se ha instalado en la máxima que ha marcado su liderazgo en el PP: dejar que el asunto se acabe dilatando sin aplicar el bisturí para extirpar. Ni con Carlos Fabra; ni con la ramificación valenciana de Gürtel, que salpica directamente a Francisco Camps; ni tampoco con Brugal. Hasta ahora, los populares se han mostrado incapaces de abordar un escenario que traslada una imagen de supuesta corrupción prácticamente generalizada.
Por contra, sin embargo, los dos cargos del PSPV que aparecen citados en el sumario -sin tener en cuenta cinco ediles socialistas de un pueblo de Murcia que estarían ligados a una supuesta trama de financiación ilegal-, aunque cada uno de una forma, ya han abandonado parte de sus responsabilidades. Roque Moreno dejó su puesto en el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación tras reconocer el "error" de solicitar al empresario Enrique Ortiz, el perejil que condimenta las principales salsas del caso Gürtel y de la operación Brugal, trabajo para familiares de otro dirigente socialista. Y Antonio Amorós, que se mantiene como concejal en Elche y ocupando un escaño aunque sin competencias en la Diputación, está a expensas de que se concrete su suspensión de militancia a petición del líder del PSPV, Jorge Alarte.
Con todo, la situación es alarmante para el PP. Con la aparición de Gerardo Camps y de Juan Cotino en el sumario de Brugal, el jefe del Consell ya tiene a sus tres vicepresidentes citados en casos de supuesta corrupción. Vicente Rambla, como se recordará, está salpicado por el caso Gürtel. Y, además, las cabezas visibles de los dos principales instituciones con sede en la ciudad -la diputación y el ayuntamiento- también figuran vinculadas a dos de las piezas principales de la operación Brugal, las que afectan, respectivamente, al supuesto amaño del plan general de ordenación urbana de Alicante; y a la adjudicación del plan comarcal de basuras de la Vega Baja, dos piezas del caso que tienen como nexo de unión al empresario Enrique Ortiz, implicado en una e imputado ya en otra. La primera -en la que está involucrada Sonia Castedo y su antecesor Alperi, junto a otras 21 personas- está a expensas de la decisión que tome el juzgado de Alicante que la va a investigar. En la segunda, ya hay ocho imputados, entre ellos los citados Ripoll y Ortiz. Se da la circunstancia que, en alguna de las 17 piezas del sumario, aparecen citados nada menos que seis de los 18 diputados con los que cuenta el PP en la diputación: los propios Ripoll y Lorente, Juan Molina y Javier Pérez -también alcaldes de La Cañada y Callosa de Segura-, Juan Roselló y Carlos Mazón, ahora también director general de la Cámara.
Pero los tentáculos de Brugal se extienden a otros municipios de la provincia, especialmente de la Vega Baja, con epicentro en Orihuela. La adjudicación de la contrata de basuras de la ciudad a Ángel Fenoll, un conocido empresario comarcal, también está en el punto de mira de la investigación con un total de 43 imputados, algunos ligados también a la contrata del plan zonal de basuras. Con el mencionado Fenoll aparecen imputados la alcaldesa Mónica Lorente y gran parte de su equipo de concejales. Esas son las tres principales piezas de un sumario que, en síntesis, desgranaría negocios que podrían generar centenares de millones de euros.
Las pesquisas de Anticorrupción abarcan un actividad amplísima: adjudicaciones ligadas a concesiones de basuras en Orihuela o Callosa de Segura; supuestos arreglos a medida de documentos urbanísticos en Alicante; presunta financiación ilegal del PP en varios municipios de la Vega Baja, trama en la que aparecen implicados los alcaldes de Rafal, Algorfa -Antonio Lorenzo, también diputado en las Corts Valencianes- y Jacarilla además de ediles de Bigastro y Pilar de la Horadada; entregas de dinero para conseguir la contrata de una planta de transferencias en Calp mientras el PP gobernó ese municipio; descubrimiento y revelación de secretos de Hacienda o, incluso, la financiación de la Fundación del Hércules, del que Enrique Ortiz es máximo accionista.

Familiares, técnicos y apariciones
por sorpresa

Dentro de la lista de 118 personas sobre las que Anticorrupción pone la lupa de la investigación de la operación Brugal, llama también la atención la presencia de ex alcaldes con pedigrí en las filas populares como el oriolano José Manuel Medina o el calpino Javier Morató, familiares de altos cargos del PP, técnicos, profesionales liberales, directivos de importantes empresas, alguna aparición sorprendente como la del ex vicepresidente de la CAM, Vicente Sala, y hasta de un miembro de la Guardia Civil, que aparece involucrado en una pieza en la que indaga sobre el descubrimiento y revelación de secretos de Hacienda. La penetración de la trama Brugal, por tanto, en segmentos sociales tan diversos y con gran influencia es total y absoluta. En los diferentes listados, por ejemplo, aparecen los hermanos del presidente de la Diputación y de la alcaldesa de Alicante que, a su vez, tiene como socio en una conocida consultora a un ex concejal socialista, que también figura como implicado en la trama que supuestamente maniobró para hacer del plan general de Alicante un traje a medida. Y también los hijos y el yerno de Ángel Fenoll. En las diversas tramas también están implicados técnicos de la Diputación y de los municipios de Orihuela y Pilar de la Horadada, en relación con la adjudicación del plan zonal de basuras; además uno de los redactores que trabajó, durante la última etapa, en la confección del plan general de Alicante. E, incluso, hasta un piloto de rallyes, el benidormí Miguel Fuster, amigo de Gerardo Camps, y al que Anticorrupción considera intermediario y recepto de contraprestaciones en una investigación en la que se cita a Ortiz y al conseller.

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