A siete meses de las elecciones municipales y autonómicas, en el PP empiezan a asumir que los casos de corrupción que salpican a los populares de norte a sur de la Comunitat Valenciana tendrán un coste electoral. Habrá, de cumplirse sus propias previsiones, menos votos para Francisco Camps en las urnas. Pero también es cierto que el PP no tendrá que pagar, al menos por ahora y mientras la crisis económica cercene las expectativas electorales de los socialistas, una factura demasiado onerosa. Los populares, pese a que son consciente de que podrían dejarse en el camino una bolsa que llegaría hasta los 100.000 votantes -los electores de perfil más moderado- y que pasarían a engrosar la nómina de la abstención, mantendrían su hegemonía en las principales instituciones pero no gracias a consolidar un avance en número de votos. Sino, sobre todo, como consecuencia del hundimiento que podrían experimentar los socialistas arrastrados por la riada de la errática gestión de la crisis económica del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

O sea que, con los principales cargos del PP -incluido Francisco Camps o Joaquín Ripoll, entre otros- pendientes de los juzgados, los populares seguirían ganando... No tanto, eso sí. El jefe del Consell, por ejemplo, tendría muy complicado llegar al listón de hace cuatro años cuando se convirtió en el candidato más votado de la historia. Se contabilizaría, admiten en el PP, un descenso real en las urnas de papeletas con la efigie de la gaviota. Pero esa pérdida de apoyo no supondría un gran daño, en la práctica, al poder del PP. En todo caso, sí supondría, por tanto, un toque de atención importante, especialmente, si la situación económica empieza a remontar.

En ese punto, admiten los populares, se podrían empezar a "ajustar" algo más las diferencias, algo que podría ocurrir de cara a las elecciones generales. El lastre de la gestión de la crisis ya no sería tan pesado para los socialistas y el PP continuaría pendiente de sus visitas a los juzgados. "Si la gente tiene para comer, empezarán a valorar el estado de excepción que se vive en la Comunidad, pero mientras no tengan un plato de lentejas...", apuntó de forma gráfica un dirigente socialista consultado por este periódico. Pero eso, en cualquier caso, estaría por venir. De momento, los populares -sin candidatos electorales hasta finales de año- respiran con tranquilidad.

El primer envite electoral, los comicios municipales y autonómicas, está a la vuelta de la esquina. Y, en general, con los datos que manejan los partidos, la complicada situación institucional que se vive en la C. Valenciana, con la proliferación de casos de supuesta corrupción, en su mayoría ligados al PP; y con la difícil situación económica, vinculada a los socialistas por la acción del Gobierno pero en la que, en todo caso, también tiene responsabilidad el Gobierno de Camps, se va a acabar traduciendo en un incremento de la abstención que los equipos de campaña cifran entre cinco y siete puntos. Los electores de perfil moderado del PP abandonarían a Camps como protesta por la corrupción para engrosar, en su inmensa mayoría, la abstención. No ven en el PSPV una alternativa. Pero los socialistas también se dejarían otro un buen puñado de papeletas -los populares estiman que, al menos, otros cien mil- de electores que castigarían a Zapatero. Un escenario que favorece al PP y que rebajaría el listón electoral a una franja de entre 108.000 y 111.000 votos -en 2007 ese listón se situó en casi 120.000- lo que alimentaría las opciones de Compromís y EU, aunque no inquietaría, sobre el papel, la victoria popular.

Revelaciones que avivan los conflictos internos populares

En el PP aseguran estar preparados para pasar una campaña electoral pendientes de los juzgados y con sus principales dirigentes -Camps, Fabra, Ripoll o Castedo, entre otros- a expensas de las decisiones que puedan tomar los jueces, cada uno en investigaciones que se encuentran en un estado diferente, a lo largo de los próximos meses. Eso es una evidencia a la que el PP no le queda más remedio que acostumbrarse. Van a mantener la línea marcada por Camps: encomendarse a la teoría de la conspiración frente a los ataques que reciban de los socialistas. En todo caso, en las filas populares también son conscientes de que, finalmente, algunas de esas revelaciones judiciales puede acabar avivando problemas internos. De momento, en Génova han optado por retrasar todo el proceso de elección de candidatos para tener margen de maniobra a la hora de poder tomar decisiones. Mientras no se designe a Camps -la determinación definitiva no se tomará hasta diciembre- no se abordará la validación de las candidaturas municipales, un proceso que podría quedar pospuesto hasta febrero.