El PP valenciano aleccionó ayer a sus alcaldes sobre cómo pueden recuperar el canon digital que han venido abonando en los últimos años a las entidades beneficiarias de esta sobretasa -principalmente a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)- después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara ilegal la aplicación del canon a las administraciones públicas. Los populares convocaron en la sede del partido a un nutrido grupo de alcaldes y concejales para asesorarles sobre las vías jurídicas que deben seguir para lograr que el dinero pagado vuelva a las arcas municipales y que, según los cálculos iniciales, podría ascender en términos redondos a cinco millones de euros al año, es decir, un euro por valenciano. En la cita, en la que estuvo presente el abogado que llevo el litigio ante el tribunal europeo, se pidió a los ayuntamientos gobernados por el PP que cuantifiquen la cantidad que han pagado por esta sobretasa y recuperen las facturas relacionadas con la compra de soportes informáticos.
El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, indicó que se van a presentar mociones en todos los consistorios de la Comunitat Valenciana para reclamar que la legislación se adapte a la sentencia y se devuelva un dinero que asciende que en toda España ha supuesto unos cien millones de euros al año. Hizo extensivo el llamamiento a los ayuntamientos gobernados por el PSPV y avanzó que la iniciativa podría ser secundada por la Generalitat y otras instituciones públicas, como las diputaciones. Clemente mantuvo que el fallo europeo sostiene que el canon digital es un "abuso" y "no cumple" con la normativa europea y denunció que se hizo para "contentar a una serie de compromisos y amigos" del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en alusión a los artistas que lo arroparon durante la campaña electoral. "Debería atenderlos personalmente y no con el dinero de todos los españoles", sentenció el dirigente popular.
Por su parte, el vicesecretario general del PPCV, José Císcar, explicó que la vía es la de reclamar solidariamente a las entidades de gestión que han sido beneficiarias del canon digital su devolución, aportando para ello las facturas y certificados del secretario municipal o de los proveedores sobre qué parte corresponde al canon. El partido podría facilitar una demanda tipo, si bien cada ayuntamiento tendrá que ajustarse a las cantidades abonadas. Desveló también que existe una responsabilidad subsidiaria del Estado si esas entidades no pudieran hacer frente a las reclamaciones, ya que fue el Estado el que hizo "mal" la normativa que adaptó la directiva europea.
