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Agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil detuvieron ayer al empresario Rafael Gregory y a otras 15 personas, entre ellas su hermano, el industrial Ángel Fenoll y dos abogados de Madrid que fueron imputados pero no arrestados, por su presunta implicación en un supuesto delito de alzamiento de bienes del grupo empresarial Autisa que se destapó durante la investigación del caso Brugal. Gregory y su hermano José Vicente, responsables de Autisa, han pasado la noche en los calabozos de la Comisaría Provincial, desde donde serán puestos a disposición judicial, mientras que los otros detenidos quedaron en libertad con cargos tras prestar declaración, todos ellos por el presunto alzamiento de bienes y algunos también por blanqueo.

Cuatro personas fueron interrogadas además por la supuesta estafa de aproximadamente 12 millones que investiga el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante desde principios de este año. Autisa presentó suspensión de pagos y el juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante tramita el concurso de acreedores desde el 24 de febrero. No se descarta que hoy puedan producirse nuevas detenciones. Ésta es ya la tercera detención durante este año de Rafael Gregory, que además fue ex presidente de la Fundación del Hércules. Otro juzgado de Alicante tiene también abierta una causa en la que aparece implicado por supuestas irregularidades en la financiación de la entidad blanquiazul a través de obras de la Diputación. La de Fenoll también es la tercera detención desde que se inició el caso Brugal en 2007 y en este caso la Policía le acusa de ayudar a Gregory a cambiar la titularidad de bienes del empresario para eludir embargos debido a la situación de crisis económica de la empresa del ex presidente de la Fundación Hércules.

La operación policial, relacionada indirectamente con los supuestos casos de corrupción política que afectan al presidente de la Diputación y a otros cargos públicos de Alicante, fue supervisada por el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, órgano que además de tramitar las investigaciones por el presunto fraude con el renting de camiones asumió el pasado verano la llamada «trama 18» del caso Brugal sobre presuntas irregularidades cometidas por la mercantil Autisa.

Colaboración policial

Las detenciones fueron realizadas por agentes de ambos cuerpos al cruzarse sendas investigaciones sobre Autisa. Así, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detuvo a los empresarios Gregory en mayo por la presunta estafa a una financiera con la compra de camiones y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial investiga el presunto alzamiento de bienes y blanqueo tras ser detectado durante las escuchas del caso Brugal. Este último sumario ha derivado, a petición de Anticorrupción, en la apertura de una veintena de causas judiciales al margen de la contrata de basuras de Orihuela que motivó el inicio de las diligencias 851/07.

El empresario Rafael Gregory, considerado uno de los principales implicados en la trama del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja al ser para la Policía el nexo de unión entre José Joaquín Ripoll, Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, fue detenido a primera hora de la mañana de ayer por la Policía Nacional cuando llegó a trabajar a la empresa Autisa en el polígono industrial de Las Atalayas. Junto a él fueron arrestados inicialmente su hermano José Vicente y dos empleados de la mercantil. Otros dos trabajadores fueron arrestados a lo largo de la mañana y los cuatro fueron puestos en libertad con cargos tras declarar en la Comisaría provincial.

En estas dependencias policiales comparecieron a lo largo de la tarde cuatro personas, entre ellas Ángel Fenoll, dos trabajadores suyos y otro empresario de Orihuela, los cuales también prestaron declaración en calidad de detenidos y quedaron en libertad. Dos abogados de Madrid fueron interrogados como imputados pero no detenidos en la capital española. Sus nombres aparecen en diferentes conversaciones de las escuchas telefónicas del caso Brugal.

«La justicia es la justicia y vendré siempre que me llamen» ­

El empresario oriolano Ángel Fenoll quedó anoche en libertad con cargos y abandonó la Comisaría de Alicante tras ser interrogado sobre sus negocios con los Gregory durante algo menos de una hora. A su salida de las dependencias policiales, Fenoll declinó hacer declaración alguna, dado que las diligencias todavía están abiertas. Tan sólo se limitó a afirmar que «la justicia es la justicia y yo vendré siempre que me llamen. Compréndanme, no puedo decir nada más»,aseguraba mientras se encogía de hombros ante cada pregunta que se le formulaba por los periodistas.

La investigación considera que Ángel Fenoll era una de las personas que colaboró con Rafael Gregory en el presunto alzamiento de bienes que investiga el juzgado de Instrucción número cinco de Alicante. Fenoll fue citado ayer por la tarde en las dependencias policiales para ser interrogado en calidad de detenido por estos hechos. Su comparecencia se retrasó debido a que la Policía no pudo localizarle durante toda la mañana de ayer en la Vega Baja para notificarse que debía presentarse en Alicante. Ante las dificultades para contactar con el móvil de Fenoll, los agentes lo intentaron recurriendo a algunos de sus colaboradores cercanos. Hacia las 17 horas en la Comisaría se recibía el aviso de que Fenoll se dirigía hacia las dependencias judiciales desde Orihuela. El empresario de la Vega Baja apareció en la Comisaría hacia las 19.30 horas, donde le esperaban las cámaras.

En julio pasado, Fenoll aseguró en su comparecencia ante el juez de Orihuela que no tiene una «relación estrecha» con autoridades o funcionarios y que sólo los conoce porque tiene que tratar con ellos para «cobrar y prestar sus servicios». Aseguró al juez que no había ofrecido ni le habían pedido dinero ni regalos autoridades o funcionarios públicos.

Intervienen dos vehículos, uno de ellos un Porsche

Dos empleados del grupo Autisa acudieron ayer por la mañana a la Comisaría Provincial de Alicante para entregar dos vehículos, uno de ellos de lujo, que el Cuerpo Nacional de Policía ha intervenido dentro de la operación por el presunto delito de alzamiento de bienes. La titularidad de dichos turismos, uno de ellos un Porsche Cayenne, habría sido de Autisa y para eludir su embargo se pusieron a nombre de otras personas, una de ellas la mujer de Rafael Gregory, según indicaron fuentes cercanas a la investigación del caso. Los agentes de la UDEF examinaron los turismos y a última hora de la mañana fueron trasladados a un depósito donde se almacenan todos los vehículos que se intervienen por orden judicial. No ha trascendido si la policía intervino ayer otros bienes.