La falta de control en el gasto y el incremento desmesurado de la partida de personal ha llevado a Emarsa, una empresa rentable que tiene garantizados los ingresos -la Generalitat le paga, previo ingreso del canon de Saneamiento que pagan los ciudadanos y las empresa por cada metro cúbico de agua que depura- a un callejón sin salida, con una deuda de 17 millones de euros. Una UTE constituida por Aguas de Valencia, Agricultores de la Vega y Depuración de Aguas del Mediterráneo ha asumido la gestión de la depuradora por encargo de la Generalitat.
El PSPV, que ha investigado los datos oficiales facilitados por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), de carácter público y propietaria al 100% de Emarsa, insisten en buscar responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Valencia, que dispone de 85 de los 179 votos de la asamblea del Emshi.
El PSPV dispone de información que se remonta al año 2004, cuando el presidente del PP en Manises y alcalde de esta localidad, Enrique Crespo, fue nombrado consejero delegado, cargo en el que le precedieron otros dos cargos públicos del PP y de la absoluta confianza de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá: Juan Vicente Jurado y Silvestre Senent.
Para el cargo de gerente de Emarsa, el PP eligió primero a Miguel García Besó, concejal de este partido en Alaquàs, ya fallecido, al que sustituyó más tarde por Esteban Cuesta, un ATS cuya experiencia como gestor debía proceder de su paso como alcalde pedáneo de Benimamet. Cuesta ha desaparecido de la depuradora, donde fue cesado hace unos días, aunque oficialmente todavía forma parte del equipo de campaña de Rita Barberá.
Otros cargos relevantes en la depuradora con cargos orgánicos en el PP de la ciudad de Valencia son Ignacio Martínez, director de Sistemas y secretario general del PP en el barrio de Trànsits; y el director de Administración, Santos Peral, secretario general del PP en Patraix.
El PP se ha sumado a las denuncias del PSPV pidiendo la intervención de la Fiscalía y del Tribunal de Cuentas.
