La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, sostuvo ayer que se seguirá ejerciendo «por quien corresponde» la defensa del president de la Generalitat, Francisco Camps, «y de todas las personas» del Ejecutivo autonómico a las que se intenta «ensuciar su nombre».
La consellera se pronunció así preguntada por la decisión del juez instructor José Flors de no aceptar como prueba las escuchas favorables al presidente de la Generalitat en la causa de los trajes que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, según adelantó ayer Levante-EMV.
En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, la portavoz insistió en que el Gobierno valenciano no tiene una opinión sobre lo que está ocurriendo en un proceso judicial, y reclamó «respeto» a la independencia judicial, a la separación de poderes y a la presunción de inocencia.
Sánchez de León manifestó que se continuará reclamando y se actuará a través de «cualquier medio que sea necesario» para que, al final del proceso judicial, se dicte «la única» sentencia «posible».
El juez Flors desechó que las grabaciones que favorecen al presidente Camps sean aceptadas como pruebas tras la petición de la defensa del jefe del Consell. No serán tenidas en cuenta, por tanto, en el procedimiento que se sigue contra Camps por un presuntos delito de cohecho impropio en la caua de los trajes. Flors deja fuera de la causa las polémicas escuchas en la cárcel de Soto del Real en alguna de las cuales tanto el jefe de la trama, Francisco Correa, como su número dos, Pablo Crespo, se refieren al asunto de los trajes descartando que se hubieran pagado al presidente Camps las prendas.
La defensa de Camps quería que su contenido fuera tenido en cuenta pese a que las grabaciones fueron anuladas en marzo de 2010.
En este sentido, la defensa de uno de los implicados, José Luis Ulibarri, ha solicitado que declare el juez Flors en los tribunales para aclarar si entre la documentación que envió el juez Garzón al TSJCV estaban las conversaciones. Además ha pedido que declaren dos fiscales y el juez Pedreira.
Quince días más para dar explicaciones
Las Corts ha decidido prorrogar por 15 días más el plazo de respuesta a dos preguntas formuladas por Compromís sobre contratos y pagos a empresas vinculadas con el caso Gurtel. En concreto, Enric Morera pregunta a Gerardo Camps si su departamento ha realizado algún contrato y ha pagado alguna factura a nombre de un total de 23 compañías, entre las que figuran Orange Market, Easy Concept y Special Events. También se pregunta por las negociaciones entre Paramount y el parque Mundo Ilusión.
