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Sin pasaportes, con la obligación de presentarse en el Juzgado dos veces al mes y escapando por la puerta trasera para evitar los flashes. Así salieron ayer del Palacio de Justicia Rafael Gregori, uno de los presuntos cabecillas del caso Brugal, y su hermano José Vicente, detenidos el jueves por los supuestos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo en su empresa Autisa, tras declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Alicante, Manrique Tejada, según informaron fuentes judiciales.
Pese a quedar en libertad sin fianza y con cargos, el juez les ha impuesto medidas cautelares para evitar una posible fuga, después de pasar dos noches en los calabozos de la Comisaría de Alicante y declarar cada uno durante una hora en la tarde de ayer ante Tejada, que mantiene el caso bajo secreto de sumario.
Fuentes cercanas al caso apuntaron ayer que es posible que se haga público el contenido del sumario a finales de la próxima semana, después de esta actuación desarrollada en los últimos días en la que han sido 18 los arrestados o imputados, entre ellos el industrial oriolano Ángel Fenoll, otro de los supuestos cabecillas del caso Brugal.
Rafael Gregori, empresario y ex presidente de la Fundación Hércules, fue trasladado a primera hora de la mañana hasta los Juzgados de Benalúa por la Policía Nacional junto con su hermano, adonde llegaron con las cabezas tapadas. No fue hasta la tarde cuando prestaron declaración por el supuesto fraude en la mercantil de automoción Autisa, de la cual son ambos responsables. Las investigaciones del caso Brugal han destapado un presunto blanqueo de capitales y traspaso de bienes de los dueños de esta empresa a testaferros para eludir embargos, lo cual ha derivado en una serie de arrestos e imputaciones durante esta semana. Sobre las 16.30 horas entraba José Vicente Gregori a prestar declaración, no sin antes obligar entre gritos a los agentes que lo custodiaban a retroceder por las escaleras que llevan desde los calabozos al juzgado de guardia, al ver allí la presencia de un fotógrafo de este diario, siendo finalmente trasladado por otra zona para evitar ser fotografiado.
Una hora más tarde era su hermano, uno de los supuestos cabecillas de la trama Brugal, quien pasaba a declarar evitando también las cámaras.
Sobre las 18.30 horas quedaban finalmente en libertad con cargos y sin fianza, con la obligación de presentarse el 1 y el 15 de cada mes ante la autoridad judicial y siéndoles retirados los pasaportes, para eludir la posibilidad de una fuga. Y salían por una puerta trasera para evitar ser de nuevo fotografiados, tras haber pasado dos días en los calabozos mientras la Policía Nacional completaba la investigación. Su abogado también evitó dar cualquier información y este medio trató después sin éxito ponerse en contacto telefónico con Rafael Gregori. Al estar aún bajo secreto de sumario no ha trascendido nada sobre las declaraciones de ayer ante el juez.
Hay que recordar que ambos ya fueron detenidos en mayo por una presunta estafa a una financiera con la compra de camiones, abonando sendas fianzas de 100.000 euros para evitar ir a Fontcalent, y que Rafael fue arrestado otra vez en julio dentro del caso Brugal por supuestas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, abonando entonces otros 100.000 euros.
La operación de esta semana la han desarrollado de forma conjunta Policía Nacional y Guardia Civil, al cruzarse sendas investigaciones sobre Autisa. Rafael Gregori está considerado como uno de los principales implicados en la trama del citado Plan Zona de la Vega Baja, al ser presuntamente el nexo de unión entre el presidente de la Diputación José Joaquín Ripoll, el industrial oriolano Ángel Fenoll y el empresario Enrique Ortiz.
Implicados
La actuación ejecutada esta semana, no relacionada directamente con el caso Brugal, se ha saldado con 18 presuntos implicados por blanqueo, alzamiento de bienes, falsedad y estafa, entre ellos los hermanos Gregori, Fenoll y dos abogados, aunque han quedado todos en libertad provisional.
Según la Policía, Rafael Gregori ideó un plan para consumar el alzamiento de bienes ante los "efectos devastadores" de la crisis en el grupo Autisa y detalla "las irregularidades que habría llevado a cabo el equipo gestor, que incluirían la falsificación de documentos, bastidores, etcétera". Para consumar este plan, según siempre la Policía, Gregori contó con el "auxilio" de Fenoll y un abogado, así como personal de confianza del empresario oriolano, para "traspasar todas aquellas propiedades a nombre de las mercantiles como paso previo a una suspensión de pagos".
La fórmula empleada habría sido utilizar empresas de reciente creación y otras del grupo de Fenoll para inscribir a nombre de testaferros la propiedad de terrenos, naves industriales y otros bienes", todo para eludir el embargo de bienes.
