El Consell está recurriendo a su personal subalterno y a los coches oficiales del parque móvil de la Generalitat para dar salida a sus comunicaciones internas y a los cientos de cartas y notificaciones que se acumulan en los servicios territoriales de varias conselleries ante la negativa de Correos de seguir prestando servicios a una administración que no paga. El problema fue denunciado hace dos semanas por el grupo parlamentario Compromís que desveló la existencia de una circular de la dirección territorial de Correos a sus oficinas en la provincia en la que ordenaba la suspensión de los servicios postales y telegráficos de varios departamentos, fundamentalmente en Bienestar Social y Hacienda. El escrito recalcaba que sólo se prestarían servicios previo pago.

Aunque en su momento fuentes del Consell aseguraron que el conflicto estaba en vías de solución, quince días después las citadas conselleries siguen sin abonar su deuda con Correos y el caos amenaza con apoderarse de algunos centros de trabajo donde las cartas se apilan en las mesas. Es el caso del edifico Prop II de Valencia, donde se ubican los servicios territoriales de Hacienda. Allí el bloqueo esta impidiendo que comunicaciones claves para el ciudadano lleguen a su destino, como los apremios o notificaciones sobre devolución de tributos,etc. También se está viendo gravemente afectado el reparto de los expedientes relaciones con los servicios sociales. En los servicios territoriales de Bienestar Social se tramita toda la documentación relativa al reconocimiento de minusvalías, dependientes o pensiones no contributivas. Gran parte de las cartas certificadas que el Consell remite a los ciudadanos para comunicar la situación de sus expedientes o solicitudes no está tramitándose, según admiten fuentes sindicales y de los propios servicios afectados.

Para salir al paso de esta grave situación, las conselleries afectadas han decidido echar mano del personal subalterno, a quien se le encomienda las gestiones de correo para los casos más urgentes. Así, estos empleados se están encargando en Hacienda de pesar las cartas, poner los sellos y desplazarse a las oficinas de Correos para enviar los documentos. También notifican los asuntos más perentorios. Para ellos, según las fuentes consultadas, se les proporciona una tarjeta de taxi para sus desplazamientos y se le da dinero de la caja fija para comprar los sellos.

Para la valija interna, es decir, para el correo entre departamentos administrativos de la Generalitat, las conselleries afectadas están disponiendo de los vehículos del parque móvil. Varios conductores oficiales están siendo movilizados en los últimos días para el tránsito interno de documentos y cartas; un servicio que hasta ahora asumía Correos dentro de su acuerdo global con el Consell y que ahora está suponiendo un gasto extraordinario difícil de cuantificar. Fuentes de la Conselleria de Economía insistieron ayer en que el problema está en vías de solución, aunque no dieron más detalles sobre una deuda con Correos, que en algunos casos se remontan al año pasado.

El responsable de la junta de personal de servicios centrales de la Generalitat, Antonio Calderón, consideró la situación insostenible y apuntó que se está perjudicando el servicio que se presta al ciudadano, que es finalmente quien acaba pagando la mala gestión del Consell. También alertó sobre la posible vulneración de la ley procedimiento administrativo, ya que existen plazos que se tienen que cumplir a la hora de notificar al ciudadano las resoluciones. Otras fuentes indicaban que precisamente se recurriendo a personal subalterno para las notificaciones en busca de una mayor seguridad jurídica, ya que determinadas comunicaciones oficiales sólo pueden ser notificadas por funcionarios.

Retrasos en Bienestar Social, Hacienda y también en Sanidad

Las dificultades financieras para hacer frente al pago del servicio de Correos amenaza con salpicar a más centros, entre ellos, de Sanidad, que en los últimos días ha reducido sensiblemente las notificaciones que pasan por las oficinas de Correos. En su día, el portavoz de Compromís, Enric Morera, denunció que los centros afectados eran los siguientes: En Presidencia, la subsecretaria y el área de Publicaciones. En Economía, los servicios centrales; la dirección territorial de Valencia; la de Empleo y Trabajo; la de Empleo de Alicante; las direcciones generales de Trabajo y Seguridad Laboral, Coordinación de Proyectos y Condiciones de Trabajo. En Bienestar Social están afectadas las direcciones generales de Acción Social, Mayores, Familia, Menor y Adopciones, Mujer y Discapacidad.