La nueva ley general de puertos prestará una especial atención a la integración plena de las dársenas españolas en la red transeuropea de transporte y, para ello, "establecerá como prioridad, y contemplará la concesión de ayudas económicas, para la conexión de los puntos de atraque con la red española de ferrocarril".

Así lo confirmó ayer el director de Planificación y Desarrollo Portuario de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, durante la visita que realizó al puerto de Huelva.

Rodríguez Dapena adelantó que el nuevo ordenamiento jurídico que prepara el Gobierno primará la competitividad de los veintiocho puertos que dependen del Estado, ya que establecerá una rebaja de una media del 10 por ciento en las tasas portuarias actuales.

El portavoz portuario defendió que la rebaja de las imposiciones económicas a las empresas persigue captar la entrada de una mayor iniciativa privada, "pero siempre dentro de unos límites que propicie mantener el nivel de autosuficiencia, que es un principio básico de los puertos españoles".

Así, el director entendió que en que esta Ley se ha reunido "el mayor consenso político de la actual legislatura y de cualquier ley de Puertos hasta la actualidad, una medida que beneficia al cliente y permite además a los puertos nacionales ofrecer una mejor oferta adaptada a su realidad socioeconómica y de posibilidades de negocio".

Además, Sapena comentó que la nueva ley de puertos va a permitir contar "con unos precios más flexibles que los contemplados en la anterior Ley de 2003 con los que, además, los puertos no entran en competencia unos con otros".

De la misma forma, el director general de Planificación sostuvo que la nueva Ley de Puertos apuesta por la sostenibilidad como uno de sus principales pilares, contemplando, entre otras cosas, bonificaciones para los clientes o adjudicatarios de concesiones que articulen medidas para causar un efecto mínimo a su paso o durante su estancia en cualquiera de los 28 puertos estatales.