El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano Juan Climent, que instruye la querella interpuesta por el grupo popular contra el portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, le dio ayer traslado a éste del contenido del escrito de acusación. La querella se presentó por un presunto delito de cohecho, al entender los populares que Luna dio un trato de favor al constructor Enrique Ortiz durante los años en que fue alcalde de Alicante, con múltiples adjudicaciones, y, posteriormente, el empresario acabó haciéndose cargo de una reforma en la casa del político e incluso cediéndole el uso de un vehículo de lujo.
El socialista ha asegurado en todo momento que él se abonó el coste de aquella reforma por unos 4.000 euros, realizada hace trece años, dos y medio después de dejar la vara de mando municipal.
Asimismo, en la providencia que Juan Climent trasladó a Luna, se le informa de la incoación de diligencias previas. Climent explica, en el escrito fechado a 11 de noviembre, que a la «persona imputada», en alusión al portavoz socialista en las Corts Valencianes, «se le hará saber su derecho a designar procurador y letrado para ejercitar la representación de la defensa en esta sede, con expresión de que si así no lo hicieren les serán nombrados de oficio si las actuaciones llegan a estado en que fueren necesarios».
La controvertida imputación
La alusión al término «persona imputada» provocó ayer una controversia política y hasta jurídica. Mientras desde el PP se aseguraba que Luna está ya imputado, para acto seguido pedir su inhabilitación política citando la doctrina que aplica el PSPV, desde filas socialistas se matizó que, técnicamente, esa imputación todavía no se ha producido.
Un portavoz del TSJ, según información de Europa Press, aclaró ayer que el portavoz socialista «no está imputado judicialmente, pero sí por parte de los querellantes, quienes le atribuyen un delito de cohecho y de prevaricación». Las mismas fuentes añadieron que Luna pasaría a adquirir la condición de imputado «en el caso en que fuera llamado a declarar, pero por ahora esta situación no se ha producido».
No obstante, fuentes jurídicas dieron ayer por seguro que la citación se va a producir, extremo que ha sido asumido por los socialistas. En la providencia que hizo llegar el juez Climent se advierte que contra la misma «se puede interponer un recurso de reforma en el plazo de tres días sin necesidad de consignación de depósito». Otras fuentes del TSJ valenciano indicaron que la decisión del magistrado está pendiente de varias diligencias de prueba solicitadas por el PP. Que el ayuntamiento de Alicante certifique todas las adjudicaciones a Ortiz entre 1992 y 1995 —etapa en la que fue alcalde Luna—; la declaración de este empresario y también, como informó este diario, la del operario que hizo las obras.
Asimismo, se ha pedido si Ortiz tuvo de alta a Luna en la Seguridad Social o ha pagado el impuesto municipal de circulación del coche que usaba habitualmente Luna.
