La presunta malversación de fondos públicos en el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) en la ejecución del contrato oficial y del B firmados con Julio Iglesias no es materia que incumba a la Agencia Tributaria. Eso viene a sostener la nueva delegada de Hacienda, Inmaculada Gómez Bernabeu, en su respuesta al titular del juzgado de instrucción número 19, Luis Carlos Presencia Rubio, quien le pidió que nombrara a un inspector para que peritara, entre otras cuestiones, si las facturas pagadas por gastos de organización de los conciertos son falsas en tanto que no responden a servicios prestados como sospechaba la la Audiencia de Valencia en el auto que levantó el archivo del caso.

En su respuesta al juez, Gómez Bernabeu le trasladó que valorar todo el coste de la operación a partir de revisar la contabilidad del instituto, determinar las empresas que participaron y la citada evaluación de las facturas -tres de las periciales que la Audiencia le aceptó a la acusación- es un trabajo que, según la delegada, "excede el deber de auxilio, conforme a la normativa legal expuesta". La delegada razonó en su escrito de dos folios en el que se negó a asumir todo el trabajo que el juzgado encargó a la Agencia Tributaria que el delito fiscal sí sería de su competencia, pero recuerda que éste ha sido descartado.

Al juez Presencia no le convenció la respuesta de la responsable territorial del fisco. Por eso le remitió un oficio en el que le dio un ultimátum de diez días para designar a un inspector "a los efectos de que realice un dictamen pericial". El juez hizo constar el "apercibimiento expreso de poder incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial en el supuesto de no ser cumplimentado lo solicitado, deduciéndose testimonio de particulares". Esto es, que abrirá diligencias de oficio por delito de desobediencia. Se da la curiosa circunstancia de que precisamente la Agencia Tributaria impuso, en junio de 2005, una multa de 191.457 euros al Instituto Valenciano de la Exportación por desgravarse facturas de gastos de organización de las empresas International Concerts, Midway International y Gold Peak Trade Services por los recitales de Orlando, México y Shangai. La Agencia Tributaria expresó, en el expediente de sanción, sus sospechas de que podrían ser facturas falsas. Esto es, expresó sus dudas de que las "empresas extranjeras" que cobraron "hayan realizado los servicios facturados". Que se hicieran los trabajos "en ningún caso ha sido acreditado", subrayó Hacienda, tras recordar que la Ley 43/1995 sobre el impuesto de sociedades entiende que de entrada no son desgravables las facturas emitidas por firmas de paraísos fiscales, salvo que se "pruebe que el gasto devengado responde a una operación o transacción efectivamente realizada". Dicho de otro modo, que ha de probarse la inocencia cuando se trabaja con firmas de paraísos fiscales.

Las periciales solicitadas por el juez son claves para evaluar el coste de la operación Julio Iglesias, a partir de revisar los libros mayores de la contabilidad de 1998 y 1999 -años de los pagos-, para dilucidar si, como apuntó la Audiencia, la diferencia entre el contrato oficial y el B se pagó con facturas falsas emitidas por firmas de paraísos fiscales.