El magistrado del TSJ valenciano Juan Montero, instructor de la causa abierta a raíz de la denuncia presentada por el PP contra el portavoz socialista, Ángel Luna, por exhibir en la tribuna de las Corts un informe de la policía entonces bajo secreto de sumario sobre los pagos a la trama Gürtel con motivo de la visita del Papa parece decidido a llegar hasta las últimas consecuencias. Montero ha acordado remitir un "mandamiento" a la Brigada de Blanqueo de Capitales para que el comisario jefe "remita la relación completa de todas las personas, con sus nombres y apellidos, aparte del número de identificación, de esa Brigada que realizaron el informe dicho y también de todas las que tuvieron conocimiento del mismo".
La petición afecta a los policías que participaron en la elaboración del documento pero también podría extenderse al personal administrativo que pudo manejarlo e incluso, en su caso, a otros responsables de Interior, superiores del citado comisario jefe, entre ellos el comisario general, Juan Antonio González, al que el abogado de uno de los implicados del caso Malaya acusó de supuesto soborno y cuya declaración ya ha solicitado el PP. No sólo eso. El PP pretende conectar la filtración con el ministerio de Alfredo Pérez Rubalcaba y en medios populares no se descarta que el juez llegue a citar a cargos de Interior en el supuesto de que, de los testimonios, se dedujera que alguno se interesó por el informe.
La petición de nombres que realiza el juez, según fuentes populares, sólo se justifica por que piense citarlos a declarar. En ese caso, lo normal es que los llamara como imputados, para garantizar los derechos de cada uno de ellos como autores potenciales de la filtración. Una veintena de funcionarios y cargos policiales podría acabar desfilando ante el TSJ valenciano.
Escritos al TSJM y fiscalía
El juez pide al TSJ de Madrid que le remita copia del informe que tiene, así como a la Fiscalía y a la Brigada de Blanqueo. La intención es cotejar los documentos con las fotografías y vídeos de la sesión de las Corts para determinar si la filtración salió de la policía, antes de llegar al fiscal o al TSJM, en cuyo caso debería aparecer algún tipo de sello. Una vez acotado que la copia que exhibió Luna es la que tenía supuestamente la policía, tendría sentido la citación de las personas que accedieron al mismo.
Ayer, Luna aseguró que volvería a mostrar el informe secreto de Gürtel que reveló pagos irregulares a la trama por la visita del Papa, que costó unos 14 millones. "Siempre que tenga información de una mala utilización del dinero público, la haré pública. Me asiste no sólo un derecho como parlamentario sino que me obliga mi condición de parlamentario". "Los ciudadanos tienen derecho a saber lo que los que están en el Gobierno valenciano quieren ocultar, que es cómo se ha despilfarrado su dinero", recalcó Luna, para apuntar que estudiará recurrir la admisión a trámite de la querella del PP.
Sobre la otra querella de los populares, que afecta a las obras de reforma hace trece años de la casa de su actual esposa, y por la que Luna declaró como imputado el lunes en el TSJ, el socialista reiteró que no cambió su versión al decir que los trabajos los pagó su mujer -hasta entonces había hablado de que él abonó las obras-, sino que, al estallar la polémica, asumió la situación para no mezclar a su esposa y porque, a fin de cuentas, de lo que se trataba es de si Ortiz le regaló o no la reforma. Otra cosa es que, ante el juez, hay que explicar las cosas "en términos jurídicos". Así, recalcó que la casa era de su entonces solo novia, por lo que es "evidente que el dinero de la reforma salió de su bolsillo". Indicó que ha sido Camps quien los ha "empujado a los tribunales" en el caso Gürtel al no dar ninguna explicación y que lo que ahora hace el PP es el "linchamiento del adversario".
El PP habla de imputación judicial
Sobre la petición del PP de que se cite a la esposa de Luna, éste no quiso pronunciarse hasta que el juez decida. Al respecto, el portavoz popular, Rafael Blasco, deslizó un comentario desafortunado al apuntar que esperaba que "la relación" con Ortiz "no la haya tenido con su mujer", en referencia a Luna. Blasco sostuvo que en el caso del informe Gürtel el síndic del PSPV "está imputado ya no a instancias exclusivamente de la denuncia del PP -como en el caso de la reforma de la casa- sino por las diligencias del juzgado de instrucción 19 de Valencia y a las propias diligencias abiertas por el TSJCV". El citado juzgado es al que recayó la denuncia inicial del PP. Sin embargo, el auto del alto tribunal enmarca su actuación en "los hechos que se derivan de la denuncia" de los populares, que entiende que "pudieran ser constitutivos de un delito" de revelación de secreto de sumario, "imputable de momento y sin perjuicio" a Luna.
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no quiso ayer pronunciarse sobre el tema. "Me remito a lo que dijo el portavoz ayer", remató.
La Fiscalía pedirá el archivo de la querella contra el portavoz
al haber prescrito
El archivo de la causa por prescripción. Éste va a ser, salvo impresvistos, el planteamiento que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comuniat eleve al magistrado Juan Climent, instructor del proceso contra el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, por un presunto delito de cohecho. La decisión del ministerio público se va a materializar una vez que el teniente fiscal, Gonzalo López Ebri, ha asistido a la declaración del querellado, que compareció ante Climent el lunes por la tarde, y ha estudiado los datos aportados tanto por los querellantes (seis diputados del grupo parlamentario popular en las Cortes), como por el querellado.
El acusador público ha prestado especial atención a la fechas de los hechos que se relatan en la querella: la reforma de la casa de Luna entre noviembre de 1997 y febrero de 1998 y la transferencia a su nombre en octubre de 2001 de un Audi A6 también por parte de constructor, quien contrató a Luna cuando éste dejó de ser alcalde. Un hecho, la incorporación de Luna a la plantilla de Ortiz, que los populares interpretan como una dádiva por parte del contratista por el trato de favor que pudo recibir siendo Luna primer edil.
