Los populares arremetieron ayer contra la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por solicitar el archivo de las diligencias abiertas contra el síndic socialista, Angel Luna, por un presunto delito de cohecho al supuestamente haber aceptado regalos del constructor Enrique Ortiz. La dirección regional del PPCV cuestionó la imparcialidad del ministerio público al entender que el carpetazo sería prematuro y, de producirse, se haría sin haberse prácticado antes "una mínima actividad instructora" que permita determinar cúal es el delito concreto. Las críticas al trabajo del fiscal en el caso que instruye el TSJCV contra el socialista a raiz de la querella presentada por el grupo popular en las Corts se producen después de que este diario adelantara que el planteamiento del fiscal, tras la declaración de Luna el pasado lunes, era pedir el archivo por prescripción del delito sin entrar en el fondo del asunto. Ayer el fiscal formalizó su petición ante el TSJCV.

Aunque desde el inicio existía el convencimiento de que el caso contra Luna por las obras de reforma en la casa de su mujer tendría escaso recorrido judicial, la petición del fiscal pone más cerca el fin de la causa. Y el PP ya ha empezado a preparar el terreno ante este escenario. En una rueda de prensa, el secretario general del PP, Antonio Clemente, y el vicesecretario de organización, David Serra, anunciaron un escrito a la fiscalía para pedirle que, de una manera "clara", las partes "no nos enteremos de la predisposición futura de la misma a través de los medios de comunicación". En opinión del PP, hay nuevos hechos "nuevos indicios para los cuales se requiere una investigación más profunda", así como "nuevas declaraciones". De hecho, el PP ha pedido nuevas diligencias, la última, que declare ante el juez el contratista, Javier Ponce, que puso material y mano de obra en la reforma de la vivienda de la actual esposa del socialista. Ponce asegura que los trabajos se los pagó Enrique Ortiz y que le pidieron que no hablará de dinero con el ex alcalde de Alicante. Ayer, avanzó su predisposicion a dar su testimonio ante los tribunales. "Si me llaman iré a decir la verdad", manifestó.

Pero en su escrito, el PP no se ha limitado a defender que el caso siga vivo. Los populares aprovechan para deslizar duras críticas contra el ministerio fiscal del que ponen en duda su imparcialidad y su neutralidad "en estas actuaciones, como en general, a las que afectan al PP". Así, aprovechan para afear "el silencio y la inacción" de la fiscalía "frente al clamoroso delito de revelación del secreto sumarial" que achacan a Luna por airear en las Corts un informe policial sobre la visita del Papa que formaba parte del sumario del caso Gürtel. El PP tampoco entiende los motivos por los que las diligencias previas contra Luna sean competencia de la citada fiscalía cuando los delitos investigados contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, también por cohecho son competencia de Anticorrupción. E incluso reprochan "las escasamente incisivas preguntas que el teniente fiscal" hizo al socialista durante el interrogatorio "lejanas del actual celo y la concienzuda profesionalidad con la que se conducen los fiscales". Respecto a la posible prescripción, el PP entiende que los hechos podrían encajar en un supuesto de cohecho continuado que no prescribe hasta los diez años. A pesar de que Luna aportó al juez una factura que acreditaría la compra del vehículo a Ortiz, el PP, que cuestiona la validez de este documento y ha pedido pruebas complementarias, entiende que el "regalo" del coche fue el último hecho delictivo y dado que produjo en 2002, el delito seguiría vigente.

Por otro lado, y respecto a la investigación abierta por la posible vulneración del secreto de sumario, los populares solicitan al TSJ que incluya a los "responsables políticos de la Policía" en la relación de las personas que elaboraron el informe del caso Gürtel y tuvieron conocimiento del mismo cuyo listado ha solicitado el alto tribunal.