Los nervios del presidente de una entidad en quiebra económica (el Valencia CF) ante el abismo de una sentencia judicial han sido menores que los agobios del líder de un partido financiera y políticamente arruinado (el PSPV) y preso de las urgencias electorales. El aparente pulso entre Manuel Llorente y Jorge Alarte se ha saldado con una goleada a favor del primero. El grupo socialista de Valencia en pleno acató ayer la orden de Alarte de retirar el recurso contencioso-administrativo que el 28 de febrero de 2008 presentó contra la resolución de la Conselleria de Urbanismo que aprobó la modificación del PGOU en la UE Mestalla y el desarrollo del PAI. Esto es, la transformación de la hierba de uso deportivo y la grada en una parcela con casi 90.000 metros de edificabilidad.
Tras dos años y nueve meses de combate en los tribunales contra las condiciones de la reclasificación, los socialistas dan marcha atrás sin lograr que se reduzca un centímetro cuadrado de techo -con un coeficiente del 1,79- y sin arrancar una sola vivienda de VPO, las dos principales patas que sostenían el recurso, junto a la denuncia de que la gestión directa del proyecto por parte de la firma municipal Aumsa es un fraude de ley para evitar el concurso y mantener a los técnicos contratados por el Valencia CF. Eso defendía el PSPV oficialmente hasta la noche del martes, cuando Jorge Alarte y Llorente sellaron un acuerdo definitivo con mesa y mantel, cinco días antes de que expire la prórroga pactada el 28 de septiembre por ambas partes -secundado por Aumsa, ayuntamiento y Generalitat- para aplazar el fallo 60 días y darse tiempo para negociar.
Llorente llegó a lanzar un SOS
En ocho semanas, el PSPV no ha conseguido ni siquiera una coartada que le permita vestir la retirada, no como renuncia por interés político sino como resultado de un acuerdo beneficioso para la ciudad. Alarte estaba resuelto desde el primer día a una retirada sin condiciones, convencido como está de que ese conflicto perjudicaba su carrera electoral. Llorente, por su parte, estaba tan preocupado que el pasado mes de junio llegó a visitar la sede del PSPV para lanzar un SOS ante el temor a que la parcela se esfumara por sentencia judicial.
En el comunicado público en el que ayer el grupo municipal anunciaba la fumata blanca, tras reunirse para bendecir el acuerdo Alarte-Llorente, la portavoz, Carmen Alborch, justificó la decisión de retirar el recurso en que el Valencia CF "ha cambiado su posición comprometiéndose a renunciar formalmente a la ordenación de volúmenes y usos actuales". El PSPV aireó como logro que la "nueva ordenación [que presentará el Valencia CF] reduce el número de torres y aumenta su altura para liberar más espacio en superficie, lo que supone una clara mejora de la calidad urbana, medioambiental y paisajística y permite el equilibrio entre la futura población residente y los equipamientos futuros necesarios, al incrementar las parcelas destinadas a jardín y centro escolar y reducir el volumen de edificabilidad residencial". Con todo, la parcela destinada a jardín y a uso escolar será la misma. Tanto la conversión de las nueve torres en cuatro -con los mismos metros- como el compromiso de reducir suelo residencial en favor del comercial responden al interés del club por adaptarse a las condiciones de un mercado inmobiliario en crisis, según varias fuentes.
De hecho, la intención de ordenar la volumetría en mayor altura ya fue comunicada por el ex presidente Vicente Soriano a Alarte en la reunión que mantuvieron en Alaquàs, recién llegado el socialista a la secretaría general. Un tercer gesto del club consiste en comprometerse a "someter a consulta del grupo municipal la nueva ordenación antes de someterla a trámite". "A fin de conocer su punto de vista y sugerencias", defendió Alborch.
Un crédito paralelo de 2 millones
En la nota en la que Alborch hablaba en nombre de los concejales que firmaron el recurso y ahora el desistimiento, se admite que los metros no encogen: "Siendo cierto que el Valencia CF mantiene la edificabilidad inicial ...". Y subraya para su venta política que el PSPV le ha perdonado la vida a la entidad de Mestalla: "Los socialistas conocen la hipoteca que pesa sobre el club sobre el supuesto de esa edificabilidad futura y no persisten en el procedimiento judicial para no comprometer más la situación económica del mismo". Esto es, que reducir metros de una parcela hipotecada por Bancaja supondría un golpe insoportable. Llorente incluso ha intentado que el PSPV aceptaran un incremento de edificabilidad, pero finalmente ha tenido a bien desechar esa opción.
Se da la circunstancia de que la negociación de Alarte y Llorente coincidió con la que mantuvo el partido con el Banco de Valencia -del que Bancaja es socio de control con el 38% de las acciones- para lograr un crédito de 2 millones rehipotecando la sede socialista. El Banco de Valencia le abrió finalmente al PSPV la puerta del préstamo que otros le negaron.
