Las Cortes Valencianas han aprobado hoy, con los únicos votos a favor del PP, la ley de Autoridad del Profesorado que reconoce a los docentes de la enseñanza pública el mismo carácter de cualquier autoridad pública, lo que les garantizará la protección reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico.
Los socialistas se han abstenido mientras que EU y Compromís han votado en contra tras el debate parlamentario de la ley en Les Corts, en el transcurso del cual no se han aprobado ninguna de las 62 enmiendas parciales que quedaban vivas de los grupos de la oposición.
Este principio de autoridad queda matizado en los centros privados, donde la autoridad de los profesores quedará circunscrita al ámbito interno y disciplinario de las relaciones entre el docente y el alumnado. Así en los centros públicos, los hechos constatados por los docentes en el ejercicio de sus competencias correctoras y disciplinarias tendrán presunción de veracidad, mientras que en los privados este aspecto deberán recogerlo explícitamente sus reglamentos de régimen interno.
La Generalitat adoptará las medidas necesarias para la defensa jurídica del profesorado en los procedimientos abiertos como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones, tanto en el caso de los centros públicos como de los concertados. El texto regula también la responsabilidad y obligación de reparar los daños que los alumnos puedan ocasionar a los miembros de la comunidad educativa, los centros o cualquier material escolar, y de los que serán responsables civiles quienes ejerzan la patria potestad o tutela.
La portavoz de Educación del PSPV-PSOE, Ana Noguera, ha sostenido que esta ley no dará solución a los problemas a los que se enfrenta el profesorado porque no les ofrece medidas para luchar contra los problemas de estrés o de conflictividad social a los que se enfrentan. Noguera, quien ha sostenido que el PP ha aprobado esta ley sólo para poder presumir de ella durante la campaña electoral, ha incidido en que las condiciones laborales y de vida de los docentes "no van a cambiar en nada" con esta norma, que carece de medidas preventivas y no garantiza la libertad de expresión o de cátedra.
El diputado de Compromís Josep María Pañella ha afirmado que esta ley es "inútil e innecesaria" porque no garantiza "el derecho del profesorado a recibir el respeto de la administración", mientras que la parlamentaria de EU Marga Sanz ha incidido en que la ley "no favorece que los profesores, en el ejercicio de la docencia, puedan tener protección jurídica si son agredidos".
La portavoz de Educación del PP, María Rosa Barrieras, ha rechazo estas críticas y ha sostenido que la ley "enriquece la figura del profesorado como piedra angular del sistema educativo".
