La pugna entre el olvido y la memoria tuvo ayer su concreción en Albalat dels Tarongers, donde los restos de nueve personas identificadas en una fosa común de la posguerra fueron entregados a sus familiares. Son siete las víctimas de la represión franquista las que podrán al fin ser enterradas de forma digna, casi 63 años después de su ejecución. Otras dos, al no haber sido reclamadas, permanecerán para siempre en el lugar de su exhumación, el cementerio de esta localidad del Camp de Morvedre.

Prensa, familiares y diversas autoridades locales, entre ellas los alcaldes de Albalat y Gilet, Filiberto Prats y Salva Costa, pudieron finalmente disfrutar del pequeño homenaje que siguió a la entrega de los restos. Las siete familias, procedentes de varios municipios de Teruel, estuvieron visiblemente emocionadas durante la ceremonia, que consistió en la colocación de las cajas, en el lugar donde estaba la fosa y en la mención de unas últimas palabras.

Una anciana de Manzanera, de casi 95 años, pudo dar el adiós a su hermano. Del mismo modo, unos hermanos de Torrijas conocieron al fin el paradero de su padre y hermano. "Hoy podemos por fin descansar y cerrar las heridas", afirmaba uno de los familiares. Ese era el objetivo del acto celebrado ayer, prescindir del rencor y del odio para perdonar pero no olvidar.

La del cementerio de Albalat, precedida por la de Benagéber, es la segunda fosa común del franquismo que se excava en la Comunitat Valenciana. Entre las dos, se cuentan en 17 los cuerpos exhumados e identificados por el equipo de arqueólogos y forenses del grupo Paleolab. Dirigidos por Manuel Polo, estos profesionales han estado realizando trabajos desde mayo hasta agosto, entre los que se encuentra la propia exhumación y numerosos estudios antropológicos, genéticos y biológicos. Este se trata de un arduo proceso que, desde el principio, ha sido coordinado por varias asociaciones.

Mañana será cuando se presente, a las 19.30 en el Aula Magna de la Universidad de Valencia, el revelador informe forense de la intervención. "Se decía que a las víctimas enterradas en la fosa común se les aplicó la Ley de Fugas mientras trataban de huir. Sin embargo, la investigación evidencia que hubo lesiones de gran brutalidad y sadismo cuando los detenidos estaban bajo tutela del Estado, concretamente de la Guardia Civil", afirmaba Matías Alonso, del grupo por la Memoria de la Fundació Societat i Progrés. Estas son las conclusiones que arroja un estudio que ha contado con la ayuda de los vecinos del pueblo que se han encargado de precisar la ubicación de la fosa. Por su parte, Adolfo Pastor recordaba las objeciones iniciales a la exhumación de la iglesia, propietaria del cementerio, ya que es la primera que se realiza en la Diócesis de Valencia.