«Algunos jueces soportan una carga de trabajo inhumana»

¿Cómo ha podido tardar la institución casi dos siglos en elegir a una mujer?

La verdadera entrada de la mujer al mundo del derecho se produce después de la Transición. Ahora estamos arriba las mujeres que empezamos a trabajar en los años ochenta. Necesitábamos unos años, que son esos 25 años, para que la incorporación de la mujer por escalafón fuera llegando a los puestos de poder. Lo que ocurre es que hay una incompatibilidad de la vida familiar y laboral, y muchas mujeres han tenido que abandonar. Al final del camino quedamos pocas. Esta sociedad necesita otros 25 años para que la situación machista cambie.

¿Tanta diferencia había hace veinticinco años?

Sí. Tras licenciarme me presenté a una entrevista de trabajo de una compañía que puso un anuncio en el periódico porque necesitaban abogados. Cuando llegué me dijeron que sólo era para hombres.

Pero parece que el futuro de la Justicia está en manos de la mujer. Ahora mismo la presidenta del TSJ, la de la Audiencia de Valencia y la fiscal jefe son mujeres.

Eso es una excelente noticia. El problema es que en la abogacía no ocurre lo mismo.

¿Por qué?

Porque este trabajo es muy duro. Yo trabajo de diez de la mañana a diez de la noche y muchas veces sin parar. Eso es incompatible con la vida familiar y desde luego con tener hijos. Las abogadas que ejercen son auténticas «superwoman».

¿Qué tanto por cien de mujeres ejercen?

Creo que estamos en un cuarenta por ciento frente a un sesenta de hombres.

Tampoco está mal.

No está mal, pero sigue siendo un mundo de hombres.

¿Cuál es el principal problema que tiene la Justicia?

La falta de dotación económica. No se puede modernizar nada. El problema es que los proyectos están ahí, pero no pueden salir sin dinero. En Valencia capital funciona el sistema porque hay un juez de Instancia y otro de Instrucción. Las dificultades están en las poblaciones con juzgados mixtos. Algunos jueces soportan una carga de trabajo inhumana. En Requena un mismo juez de Instancia e Instrucción lleva tráfico, asesinatos, hipotecarios, separaciones matrimoniales y concursos. A los jueces de Paterna, Torrent o Carlet no se les puede exigir más. Los juzgados son una hecatombe, pero qué más pueden hacer.

¿Tan grave es la situación?

La situación es muy dura. No salen más jueces porque no hay dinero para pagarles, los funcionarios están en un situación muy complicada y encima les bajan el sueldo cien euros. Es un desastre. Los proyectos son estupendos, pero falta dinero.

¿Es un problema de Valencia o está generalizado en toda España?

Creo que es en toda España, pero aquí la gestión de la Conselleria de Justicia no ha sido buena. Es muy duro lo que estoy diciendo. No sé si debería decirlo, pero no hay gestión. Hay que ver qué dinero tenemos y qué nos da el Estado para gestionar. Igual antes de hacer grandísimos edificios tendríamos que dotarlos de medios. Tenemos unos centros de Justicia que son una maravilla, pero si no los dotas de medios no sirven.

Usted está a punto de dejar su puesto como vicedecana en el Colegio. ¿Qué retos va a tener que afrontar a partir de ahora la nueva junta del Colegio?

Tienen una época muy dura. Está lo del turno de oficio. Lo que nosotros proponemos, y me consta que el nuevo decano lo va a hacer, es que hay que modernizar el sistema. Es fundamental poner en marcha la tecnología y saber si la persona que ha solicitado la justicia gratuita tiene derecho o no. No se puede hacer rudimentariamente.

Da la sensación de que la sociedad piensa que el abogado es como un médico y que todos tenemos derecho a uno gratis. ¿Cuál es el requisito?

Cobrar menos del doble del salario mínimo interprofesional, unos 1.200 euros. Todo el mundo que sea «mileurista» y no tenga un patrimonio. Es un setenta por cien de la población.

¿Cuál es la misión fundamental de la Academia?

Es un órgano consultivo en todos los foros y en todas las legislaciones que se marquen en la Comunitat Valenciana. Están los juristas más prestigiosos. Hay notarios, magistrados y abogados.

¿En total cuántos son?

Está compuesta por veinticuatro académicos, que son elegidos de forma vitalicia.

¿Por qué le han elegido?

Por mi trabajo como vicedecana estos últimos cuatro años junto con el decano. Ha sido él el que me ha propuesto porque entiende que lo que hemos hecho ha sido un trabajo de los dos con la junta de gobierno. Estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado en formación. Hemos conseguido que nueve mil abogados al año vengan a formación. Hemos creado una red de formación continua espectacular. También hemos introducido la especialización. Todo ese trabajo me lo reconocen.

«El derecho de defensa se está vulnerando»

¿Cree que el nuevo Código Penal es una revolución?

No lo creo. Estamos haciendo una política de decreto. Por ejemplo, la ley Concursal es de 2004 y desde entonces ya habido cuatro reales decretos modificándola. Hay poco rigor legislativo. Luego se hacen leyes represivas, de las que estoy totalmente en contra. El Código Penal de 1995 sí que era una revolución.

¿Qué le parece la última propuesta de retirar la custodia a los maltratadores?

Es un exceso. Todos los delitos, hasta el más abyecto, tiene un plazo de prescripción. A mí me condenan por haber cometido cualquier tipo de fechoría y me inhabilitan profesionalmente, pero temporalmente. Es como la ley que regula las alcoholemias, que vulnera el principio de que en caso de duda el sospechoso es inocente. Ese es el principio fundamental de cualquier democracia. Es una ley que por el hecho de beber y conducir ya eres condenado.

¿Considera que están realmente en peligro los derechos de los ciudadanos?

El derecho de defensa se está continuamente vulnerando a través de leyes. Los juristas debemos ser auténticos luchadores del derecho de defensa porque sí se está vulnerando.

¿Qué cambiaría del sistema?

No volvería a hacer leyes especiales. También eliminaría la Audiencia Nacional, que tiene unos jueces estrella que hacen lo que les da la gana.

Entonces, ¿cree que debe aumentar la protección jurídica de los acusados?

Lo que yo creo es que deben mantenerse los derechos que ya tienen. La Constitución Española ya los reconoce, lo que no se puede permitir es que haya fisuras en ese derecho de defensa. No se pueden establecer criterios para volver atrás. Insisto en que las leyes de los delitos de seguridad vial vulneran el derecho de defensa. Automáticamente por el hecho de que una máquina marque el positivo se lleva al acusado a un juicio rápido, sin margen de maniobra.