El "agujero" económico de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), el grupo que tiene a Canal 9 como principal empresa, alcanza, de acuerdo a la cuenta general de 2009, la friolera de 1.139 millones, de euros. El coste, por tanto, de una operación para reflotar la cadena, bien con dinero público bien a través de una privatización, se acercaría, incluidas las pérdidas que se registrarán a lo largo de este año, a los 1.200 millones. La situación financiera de RTVV, con mención especial a Canal 9, es límite: deudas con los bancos por casi 1.100 millones, facturas pendientes con proveedores por valor de más de 150 millones, pérdidas de 212 millones en 2009, un volumen de negocio cada vez más reducido -apenas 22 millones en ingresos de publicidad- y una gigantesca lista de trabajadores que alcanza las 1.800 nóminas, más personas que la población de la mitad de los municipios de la Comunitat.
A pesar que desde hace más de un lustro, la Sindicatura de Comptes, en su informe anual, viene alertando de la crítica situación del ente que, de acuerdo con la memoria del auditor público, se encuentra en uno de los supuestos previstos en la ley que obligaría a su disolución, lo cierto es que la Generalitat ha hecho oídos sordos a las advertencias del Síndic. "La financiación de los continuos desequilibrios patrimoniales (...) debería ir acompañada de un conjunto de medidas excepcionales de carácter estructural en el marco de un plan de viabilidad a medio y largo plazo, al objeto de paralizar el proceso de deterioro y restablecer la estructura patrimonial y financiera", apunta la Sindicatura en su informe de 2008.
En pleno debate sobre la privatización del servicio -una decisión que enfrenta a la cúpula del PP-, Ràdio Televisió Valenciana, creada en 1989 con el objetivo ya olvidado de potenciar y divulgar la cultura autóctona, se encuentra en su peor momento. Acuciada por las críticas por manipulación y sectarismo informativo, la situación económica y financiera es crítica. Todos los indicadores son negativos. Y ni uno sólo de los datos invita al optimismo. Reflotar Canal 9 costaría mucho dinero. Tanto que parece difícil que un inversor privado se la juegue en un negocio de dudosa rentabilidad financiera. Para sacar al ente público del pozo en el que se encuentra habría que poner sobre la mesa, como mínimo, unos 1.200 millones, una cifra similar a la que la Generalitat presupuesta, aunque con un gasto real superior, para la factura de farmacia en 2011.
Durante años, la Sindicatura de Comptes ha venido sacando a relucir los "excesos", por ejemplo, en la negociación por los derechos del Fútbol, al tiempo que se ha venido engrosando año tras año el número de empleados hasta alcanzar, como figura en la cuenta general correspondiente a la gestión de RTVV en 2009, los 1.793 trabajadores, una cifra similar al número de profesores de la Universidad de Alicante; al del volumen de empleados de la Diputación, incluyendo los Bomberos; o a la nómina del Ayuntamiento de Elche. Dos tercios de la actual plantilla se ha contratado bajo mando del PP en la Generalitat.
Una hipoteca con vencimiento más allá del mandato de 2015
La hipoteca económica de RTVV, en cualquier caso, no parece tener solución a corto plazo. Todo lo contrario. La cadena autonómica arrastra una crisis económica, un lastre financiero que quedará a expensas de futuros gobiernos. Y no sólo del que pueda salir de las urnas en los comicios del próximo 22 de mayo. También, incluso, del que tome las riendas de la Generalitat en 2015. De hecho, el 60% de la deuda bancaria que tiene contraída la empresa pública con once entidades financieras -alrededor de 620 millones de euros- se saldará más allá de 2014, con vencimientos tanto en ese ejercicio como en años posteriores, como consta en la memoria de gestión. Como se recordará, el Banco de España, en sus últimos informes, ha situado al Consell entre las autonomías con una mayor deuda bancaria -unos 15.000 millones, más de 2,5 billones de las antiguas pesetas- sólo superada por Cataluña. Así que los "números" de Canal 9 confirman esa línea.
