El Consell que preside Francisco Camps ha decidido dar un paso adelante para fomentar el uso del valenciano en la Administración autonómica con medidas concretas que, entre otras cuestiones, obligarán a los funcionarios a superar una prueba que acredite su conocimiento del valenciano antes de incorporarse a su puesto de trabajo. Este seudo requisito lingüístico para trabajar en la función pública queda recogido en el Pla de Foment de Coneiximent i de L' Ús del Valencià en L'Administració de la Generalitat, un documento que fue aprobado el viernes por el pleno del Consell y que, junto a un exhaustivo diagnóstico de la situación de la lengua en la plantilla de la Generalitat, recoge líneas de actuación muy concretas a favor del uso del valenciano.
El plan, al que ha tenido acceso Levante-EMV, propone actuaciones en "el momento de acceso del personal a la Administración" si bien no plantea el requisito lingüístico, una reclamación histórica de la izquierda política y de algunos sindicatos que está en vigor en Cataluña y que obliga a los aspirantes a una plaza de funcionario a acreditar a priori su conocimiento de la lengua. El Ejecutivo popular, que siempre se ha opuesto a este planteamiento, opta por una fórmula menos controvertida, pero que sin duda supone un avance respecto a la situación actual. Según el texto aprobado los nuevos empleados públicos "antes de incorporarse a sus puestos de trabajo, tendrán que superar un período de formación en diferentes materias, entre las que existirá un módulo de conocimientos oficiales del valenciano que, con carácter obligatorio tendrá que superarse".
El plan puntualiza que esta formación acreditará, al menos, la titulación de conocimientos elementales del valenciano. Esta "actividad formativa", añade el documento, se realizará a través del Instituto Valenciano d'Administració Pública (IVAP) en coordinación con la Junta Qualificadora de Coneiximents del Valencià, organismo que expedirá el certificado oficial correspondiente.
Como ya adelantó este diario el pasado sábado, el plan establece también que el conocimiento oficial del valenciano se considerará como un "mérito" para la carrera profesional horizontal, el complemento retributivo que ya tiene el personal sanitario y que el Consell pactó con el personal de función pública. Además, los funcionarios podrán ver mejoradas sus retribuciones si avanzan en el conocimiento de la lengua.
Además, como medidas novedosas se introduce la figura del tutor voluntario de valenciano: un trabajador que tendrá como misión transmitir a sus compañeros los conocimientos del valenciano en el día a día y en cuestiones concretas del trabajo administrativo. Esta persona podrá, además, tutelar a un compañero mediante un compromiso formal que tendrá como objetivo transmitirle sus conocimientos. La Generalitat prevé recompensar en la nómina a tutor y tutorado si se consigue el nivel de conocimientos del valenciano al que se hubieran comprometido.
Estas y otras medidas se aplicarán a los cerca de 16.500 empleados públicos de la Administración de la Generalitat. Quedan excluidos los funcionarios del sector docente y sanitario, así como los cargos públicos y personal de designación política. Tal como avanzó el viernes la portavoz del Consell y consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, el estudio constata que más del 73% de la plantilla tiene conocimientos oficiales del valenciano y son mayoría los que poseen un nivel elemental y mitjà.
Los porcentajes varían por sectores de edad, sexo, provincia y conselleries, tal como puede observarse en la información gráfica. Sin embargo, el estudio detecta dificultades a la hora de evaluar el uso real del valenciano en la Administración. De ahí que el plan recoja medidas para fomentar su uso. Se establece que las comunicaciones oficiales escritas que se remiten a los ciudadanos se redacten en las dos lenguas oficiales y que se utilicen ambas lenguas en la convocatoria y actas de reuniones en todas la comisiones internas de las diferentes conselleries. Además, se pide que de manera progresiva se tomen medidas en todos los departamentos que garanticen la redacción en ambas lenguas de los informes, memorias y otros documentos similares.
