La red Gürtel promovió un plan de negocio con el apoyo del Consell para atraer a la Comunitat Valenciana la llegada de inversores chinos, según revela el sumario del caso Gürtel. El Cuerpo Nacional de Policía localizó en la vivienda del cabecilla de la trama, Francisco Correa, un dossier titulado "Plan Sarkozy" que recogía las claves para crear "una plataforma de negocios en y con China". El proyecto proponía celebrar una Cumbre Hispano-China entre los meses de mayo y junio de 2008 en Valencia, "auspiciada por la Generalitat Valenciana". Según la policía, los autores del informe se presentaron como inversores con una "dilatada" experiencia en China y con importantes conexiones entre el Gobierno y empresas estatales del gigante asiático. Los investigadores hallaron un documento realizado por el grupo "Eleven Internacional" para captar inversores que "estuvieran interesados en negocios en China o en España", pero siempre "vinculados a empresas gubernamentales chinas".

La propuesta confirma la internacionalización que buscaba la trama de Correa, que también propuso al Consell otras líneas de negocio como sacar por primera vez de Estados Unidos la gala de los Grammy Latino para celebrarla en la Comunitat Valenciana.

El secreto de sumario que el juez Antonio Pedreira, instructor del caso, acaba de levantar por completo confirma que Hacienda halló múltiples irregularidades. La parte del sumario que ha trascendido ahora -más de treinta mil folios- contiene un informe de la Agencia Tributaria que vincula las elecciones autonómicas y locales de 2007 con "significativas entregas" de dinero a las empresas de la trama. Los técnicos de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude subrayan el hecho de que cinco días antes de los comicios la red recibió un ingreso de 1.050.000 euros. El justificante de la mayoría de las entregas consta en la hoja de cálculo denominada "Caja B".

Otro informe policial, como ya apuntó Levante-EMV, aporta pruebas sobre la supuesta financiación del PP valenciano y desvela la triple vía a través de la cual la formación que lidera Francisco Camps habría obtenido recursos fuera de los cauces legales. El documento, de 30 folios, señala la "participación activa" del ex secretario general popular Ricardo Costa y del vicesecretario de organización, David Serra, para "conseguir que empresarios como Enrique Ortiz financiaran parte de la deuda del PPCV con Orange Market mediante el pago de los servicios prestados a la formación política enmascarado mediante el artificio del acuerdo de colaboración empresarial".

El documento cifra en 405.450 euros las entregas de dinero negro que el PP hizo en siete meses del año 2008 a la firma de El Bigotes. El informe forma parte del conjunto de documentos que el TSJ de Valencia ha pedido al juez Pedreira para poder decidir si asume la investigación. Pedreira acordó inhibirse a favor del TSJ valenciano ante la posible conexión entre los delitos investigados en Valencia y las actuaciones del TSJ de Madrid. El TSJ ha nombrado al magistrado José Francisco Ceres ponente de la resolución sobre la aceptación o no de la causa, que deberá resolver toda la sala.

Sin explicación lógica

El informe policial incide en que "no existe una explicación lógica del motivo por el cual distintas empresas del sector de la construcción y servicios ubicadas en la Comunitat Valenciana (Grupo Sedesa, Lubasa Desarrollos Inmobiliarios S. A., y Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras S.L.) que resultan adjudicatarias de numerosos contratos públicos efectúan el pago de distintas facturas a Orange Market cuyo importe íntegro pasa a descontar la deuda existente entre esta sociedad y el PP de la Comunitat Valenciana así como su grupo parlamentario en las Corts, salvo que exista contraprestación". El documento recuerda que la ley sobre Financiación de Partidos "prohíbe expresamente las donaciones directas o indirectas" de empresas que trabajen para la Administración.

El PP califica el informe policial de falso y ha defendido que su financiación es legal. La Fiscalía Anticorrupción recuerda en otro de los documentos desclasificados para las partes que los recursos que presentaron los populares en contra del envío al TSJ de Valencia de la investigación de la financiación ilegal estaban "plagados de descalificativos dirigidos contra todos los funcionarios intervinientes en la causa".