La Generalitat Valenciana proyecta redefinir toda su política forestal con la aprobación de un Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (Patfor) que podría incluir, entre otras novedades, el establecimiento del pago por los servicios ambientales que prestan los terrenos forestales, la definición de nuevos instrumentos de gestión en los montes privados, mayoritarios en el territorio valenciano, y públicos.
En esta dirección, el Patfor no llega a plantear la entrega a manos privadas de los bosques públicos al estilo de lo propuesto en Gran Bretaña por el primer ministro David Cameron, pero sí una especie de privatización -"gestión indirecta", le llaman- de los montes públicos.
El Plan de Acción Territorial, todavía un borrador, está respaldado por un ambicioso plan de participación pública en el que han colaborado técnicos, representantes de los municipios forestales, propietarios, ecologistas y especialistas en el área forestal.
Entre las grandes novedades que aporta el documento figuran las relativas a la gestión del monte. Se hace un reconocimiento de que menos del 2% del terreno forestal valenciano está sometido a algún instrumento de planificación y se responsabiliza de ello a la "indefinición" de la Administración, el pequeño tamaño de la propiedad o "la rigidez" de las formas de gestión indirecta del monte público.
Dentro del objetivo de definir estos nuevos instrumentos, el Patfor pretende establecer un nuevo contrato de gestión indirecta del monte público que permita la gestión forestal gracias a la inversión privada. El proyecto pretende adjudicar la gestión del monte mediante "concesiones" que incluyan "uno o varios aprovechamientos", incluido el minero. Se afirma que el objetivo de la medida es "la puesta en valor del territorio y la creación de empleo y riqueza mediante la gestión forestal". Todo ello, sin que la compensación a la Administración tenga que ser dineraria. Es decir, podrían otorgarse en concesión grandes zonas forestales a cambio de que los beneficiario inviertan en gestión bajo los criterios que marque la Generalitat.
Otras fórmulas novedosas de gestión serían los instrumentos de "custodia" del territorio, por los que un particular o asociación gestiona y "patentiza" su propiedad al estilo de las grandes compras de selva amazónica por ONGs, fundaciones, etc. y la creación del programa de Pago por Servicios Ambientales como mecanismo para atraer financiación privada a los montes que "incrementen o mantengan" el suministro de servicios ambientales "sin valor actual de mercado" como la captura de carbono, la recarga de acuíferos, etc.
Inversión
Para lograr sus objetivos, el Patfor propone actuaciones concretas que deberían ejecutarse en los 15 primeros años de vigencia del plan. En conjunto, el Patfor prevé un presupuesto de inversiones de 333.726.680 euros con un plazo de ejecución que oscila entre uno y 15 años y un gasto medio anual de 23, 5 millones de euros. No obstante este reconocimiento, el borrador del Patfor se dice heredero de la actual crisis económica y realiza una propuesta de actuaciones "conservadora" basada en la la escasa disponibilidad presupuestaria actual.
