Las medidas a adoptar por el masivo seguimiento en la Comunitat Valenciana -cerca de un 90%- de la "huelga de bolis caídos" ya han causado algunos movimientos legales. Uno de los últimos ha sido protagonizado por un agente de Castelló, que recurrió la sustracción de un complemento de seguridad de 150 euros en algunas nóminas de principio de año. La decisión fue adoptada "tras notar los mandos un notable descenso de rendimiento, interés e iniciativa". Sin embargo, el juzgado falla que la decisión no está fundamentada.

Lo cierto es que la protesta soterrada llevada a cabo desde mayo va minando, poco a poco, los cimientos del cuerpo. Sin embargo, los propios agentes movilizados deniegan que vaya a ir a más, "los actuales registros se deben al 10% de guardias civiles que sí multa y sigue a rajatabla lo que dicen los jefes". A su vez, apuntan que "las infracciones graves sí se siguen imponiendo. Lo que ha cambiado es cuando es una falta leve -no tener chalecos o la ITV pasada, por ejemplo-. Entonces lo único que hacemos es informar y dejamos que se marchen".

Al menos quince guardias civiles de la Comunitat Valenciana -cinco por provincia- verán menguados sus salarios a partir de enero por la "huelga de bolis caídos" iniciada en toda España desde el pasado mes de mayo. La reducción masiva de sanciones -cerca del 46%- y sus consecuencias económicas han llevado a la cúpula de la Benemérita a tomar cartas en el asunto.

Así lo exponen fuentes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC), que adelantan que los mandos de cada equipo serán los encargados de señalar a los agentes menos productivos. Con esa información inicial, se realizará una criba provincial.

Para realizar la selección, los jefes utilizarán el baremo valorativo del Resumen de Actividades Individuales (RAI) -implementado a principios de septiembre- basado en un sistema de puntos que diferencia cada una de las actividades realizadas por un agente durante su jornada laboral.

Entre los puntos calientes criticados por la agrupaciones descansa el carácter recaudatorio del RAI, "las sanciones que más se premian -cuatro puntos- son las relacionadas con el reglamento de transportes, ya que acarrean una mayor cuantía económica. Un auxilio en plena carretera, sin embargo, conlleva medio punto. La seguridad vial debería ser lo más importante y no el dinero".

Aunque desde AUGC e ICG argumentaron que a priori no existe una cantidad prefijada de antemano, el sector maneja una cota mínima inicial de cien puntos a superar por los agentes, "al final todo dependerá del criterio que sigan los jefes, que aplicarán el libre albedrío. Lo que ocurre es que un agente de tráfico de la ciudad de Valencia y un compañero de un pueblo pequeño operan en contextos distintos".

Retirada de dos complementos

Los guardias civiles "elegidos" por sus superiores no recibirán el complemento de seguridad vial, que baila en una horquilla entre los 150 y los 210 euros. A su vez, también peligra la retribución de sendos complementos de productividad -los llamados F1 y F2-, que rondan los 70 euros. El salario base de un agente raso se sitúa en torno a los 1600 euros, con lo que podrían perder más del 20% de su nómina por culpa de la huelga, "la última vez ya nos quitaron cerca de 250 euros... está la cosa como para decir en casa que vamos a cobrar 300 euros menos por movilizarnos".

La disminución en los emolumentos se aplicará en la mensualidad de enero. Sin embargo, la bajada salarial no es la única represalia. Otra de las armas a utilizar se centra en la denominada "renovación extraordinaria de la especialidad", que consiste en la superación de un cursillo de reciclaje de seis meses de duración en la academia de Mérida por parte de los agentes en la picota, "lo que entraña un gran riesgo, ya que si no lo pasan pueden perder su puesto".