La extrema falta de liquidez de la Generalitat ha llevado al Ejecutivo de Camps a adoptar medidas extraordinarias en los presupuestos de 2011. La más llamativa es que el Consell podrá tirar de préstamos a corto plazo para afrontar deudas inaplazables por un volumen equivalente al finalizar el año al 30% del presupuesto. La subida es de nada menos el 50%, ya que el tope legal estaba en el 20%. En la práctica, el cambio legal otorgará a Hacienda un respiro en forma de 1.372 millones más en operaciones de tesorería, hasta un límite global de 4.114 millones. Lo reveló ayer la portavoz de Economía del PSPV en las Corts, Cristina Moreno, en el inicio del debate en comisión de los presupuestos autonómicos, en el que advirtió que los topes del endeudamiento y avales aumentan "de forma escandalosa".
El listón de las operaciones de tesorería era del 10% durante el Consell socialista. Con el PP, Eduardo Zaplana lo elevó al 20% en el ejercicio de 1997, vía ley de acompañamiento. Moreno indicó que para el próximo año el tope de avales del Consell se dispara en 250 millones más y el del Instituto de Finanzas, en 200 millones, mientras el IVF podrá endeudarse por 200 millones.
"Ustedes quieren amputar la autonomía financiera de la Generalitat", acusó al PSPV el coordinador de Economía del PP, Ricardo Costa, quien defendió que, con independencia del mayor volumen a corto plazo que se habilite, el Consell tendrá que cumplir el límite global de deuda marcado por el Gobierno. Y lo está haciendo, aseveró Costa. Otra cosa son los apuros momentáneos. "Es imposible que, en una situación de falta de liquidez, usted pretenda recortar las operaciones de tesorería", dijo, para añadir que el Ejecutivo "necesita mecanismos ágiles" para "poder atender los libramientos de sus pagos a los proveedores". Costa también explicó que la cifra de avales "responde a una planificación" y que el 90% de ellos tiene una finalidad "social", añadiendo que las garantías otorgadas por el IVF han ayudado a 3.000 empresas.
Paro de los altos cargos
Los populares rechazaron todas las propuestas de la oposición para impedir que se eleven los límites de endeudamiento, así como para dotar de "mayor transparencia" a la gestión. Mireia Mollà (Compromís) reclamó sin éxito la eliminación de la indemnización por cese a los altos cargos del Consell (de 3 meses), a lo que el portavoz de Economía del PP, José Marí, le preguntó por qué ésta le parece mal y la pide para los diputados cuando pierdan el escaño. Marga Sanz (EU) abogó por que el dinero de la venta de patrimonio minore el recurso a la deuda para no empeñar tanto las arcas públicas. El PP también vetó las propuestas que exigían una Oficina Presupuestaria en las Corts (tal como se va a poner en marcha en el Congreso) y un plan de reducción de empresas públicas, así como la petición del PSPV de prohibir la publicidad institucional con fines "electoralistas".
La socialista Isabel Escudero pidió una unidad de control de los sobrecostes en Presidencia ante la existencia de desviaciones "que exceden el 300%". Como ejemplo, citó la Ciutat de les Arts, que nació con una previsión de gasto de 328 millones y "ya va por los 1.349, un sobrecoste del 311%". El popular Eduardo Ovejero se limitó a censurar que las enmiendas de la oposición son "un corta y pega del año pasado".
El PSOE lleva al
Congreso los impagos del Consell a Correos
El diputado socialista Carlos González Serna registró ayer en el Congreso de los Diputados una pregunta dirigida al Gobierno sobre "la insólita circunstancia de que la dirección territorial de Correos de Valencia haya remitido una circular a todas las oficinas de la provincia" en la que ordena la "suspensión" de los servicios postales y telegráficos de varios departamentos de la Generalitat valenciana, como Presidencia, Economía y Bienestar Social. González Serna también inquiere al Ejecutivo por las cuantías económicas que han motivado esta suspensión de estos servicios postales y telegráficos.
El grupo Compromís de las Corts reveló hace semanas que los impagos del Consell, derivados de la falta de liquidez de la Generalitat, habían llevado a Correos a suspender el servicio, salvo que el Consell lo abonara al contado. La situación ha llevado al Ejecutivo a realizar los envíos mediante ordenanzas y coches oficiales.
