Los problemas del Consell de Camps para pagar a los proveedores le han llevado a ampliar en los presupuestos autonómicos para 2011 la manga ancha a la hora de concertar operaciones de tesorería -deuda a corto plazo- con el fin de ir tapando agujeros sobre la marcha. Una vía que no está sometida al mismo nivel de vigilancia del Estado que el endeudamiento a largo plazo, que requiere el permiso previo del Gobierno central. La maniobra, a la que están recurriendo otras autonomías ante al falta de liquidez, ya la han detectado las agencias internacionales de calificación de la solvencia financiera, decisivas para fijar qué cuestan a las arcas públicas los préstamos que solicitan las administraciones. Tal como informó ayer este periódico, Moody's ha puesto en revisión una posible rebaja de la nota de España por las dudas sobre la capacidad de las autonomías de controlar su gasto y la del Gobierno para hacer aplicar la disciplina fiscal a las regiones.

Fitchs, por su parte, ha alertado sobre que las mayores exigencias del Gobierno a la hora de autorizar operaciones de endeudamiento podrían incitar a un mayor recurso a la financiación a corto plazo, algo que a la postre acabará conllevando mayores costes. Pese a los avisos de Mooddy's y Fitchs, el Consell seguirá adelante con la previsión del proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2011 de elevar en un 50% el tope legal para las operaciones de tesorería vigentes al finalizar el ejercicio. Hasta este año, el Ejecutivo podía tirar de préstamos a corto hasta un límite, a 31 de diciembre, del 20% del presupuesto. A partir de 2011, ese tope se sube al 30%, lo que, con las cuentas del próximo año en la mano, representará un respiro de liquidez de más de 1.372 millones. Aunque sea pan para hoy y hambre para mañana. El límite rige al acabar el año, lo que significa que durante el ejercicio puede superarse la cifra tope (de unos 4.100 millones). El pasado lunes, en la comisión de Economía de las Corts, el popular Ricardo Costa defendió la medida precisamente para poder afrontar los pagos a proveedores.

La clave, según señaló ayer la portavoz de Economía del PSPV, Cristina Moreno, es que el Ejecutivo puede coyunturalmente ir al banco a pedir préstamos a corto, a diferencia de la deuda a largo plazo, que computa a efectos de los objetivos de estabilidad presupuestaria y requiere la autorización del Gobierno. "Echan mano de las pólizas de crédito para salvar el día a día", recalcó ayer Moreno. Costa enfatizó que lo importante es el límite global y éste se está cumpliendo y se cumplirá, mientras la socialista alertó de los costes de estas operaciones y, lo "más grave", apuntó, se está recurriendo a esta vía "a sabiendas de que el próximo año ya no habrá ingresos extraordinarios, como ocurrió en 2009". Precisamente las agencias de calificación han advertido del riesgo de que las autonomías se vuelquen en la financiación a corto para salvar los muebles en el día a día.

La decisión, el lunes en las Corts

La decisión, con todo, está a expensas del debate final de los presupuestos, que tendrá lugar a partir del lunes en las Corts y en el que la oposición exige eliminar al menos las vías para elevar la deuda en 2011. A los impagos a los proveedores y contratistas de la Generalitat, incluso de servicios básicos como la luz y el teléfono, se ha añadido en los últimos días la deuda a los farmacéuticos, que ha obligado al Colegio a abrir una póliza de crédito, así como las nómicas de RTVV, que han sido asumidas directamente por el Consell.

Rambla asegura que el problema es el Gobierno

El vicepresidente del Consell Vicente Rambla sostuvo ayer que el problema "no está en las cuentas de las comunidades autónomas, sino en la solvencia y la confianza del Gobierno de España", tras la decisión de Moody's de situar el "rating" de España bajo revisión para una posible rebaja. A su juicio, cuando la próxima semana el Gobierno publique los datos de ejecución presupuestaria de las autonomías, "Moody's y todos entenderán que no hay ningún riesgo" por parte de éstas. Por contra, la socialista Cristina Moreno criticó que "la responsabilidad de gestores como los del PP en la Comunitat ya han puesto en cuestión, no sólo las finanzas valencianas, sino el propio estado de las autonomías", fruto de "su mala gestión".

Creen que la Generalitat está arrepentida de haber bajado impuestos

La Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunitat Valenciana (APAFCV) valoró ayer que la Comunitat Valenciana haya sido "pionera" en la reducción de impuestos, pero "deben estar arrepentidos" porque "ahora van a tener que recaudar con otros impuestos" lo que han dejado de ingresar.

Así lo manifestó el vicepresidente de la entidad, José Baldó, quien compareció en rueda de prensa junto al presidente, Arturo Casinos, para presentar la "Jornada Tributaria Diciembre 2010". El augurio de Baldó no se cumplirá en 2011. El Ejecutivo autonómico, que ha hecho bandera de la reclamación de más recursos económicos al Gobierno, ha ido añadiendo deducciones fiscales en el tramo autonómico año tras año, si bien, para el próximo ejercicio, se limitará a mantener las existentes.

Baldó recordó que la Comunitat Valenciana fue "pionera" en la modificación del impuesto de sucesiones y donaciones, así como el de patrimonio, e indicó que "hace más normas fiscales que ninguna otra comunidad". Además, el asesor fiscal apuntó que hay 24 diferentes tramos para las deducciones del IRPF, pese a que "la efectividad de este tipo de deducciones es relativamente baja". efe valencia