La Federación Valenciana de Caza ya ha anunciado al Gobierno que presentará alegaciones al proyecto del nuevo reglamento de armas elaborado por el Ministerio de Interior y que restringe, en gran medida, su uso y permiso. Los cazadores acusan al Ejecutivo central de "oscurantismo" y de elaborar una ley "con muchas limitaciones" para esta práctica, según expone el presidente valenciano, Juan Quiles, quien también representa a la Federación Española de Caza como vicepresidente. El lunes tienen una cita en el ministerio para abordar la cuestión.
El colectivo pone reparos a numerosos artículos que recoge el nuevo texto legal pero, sobre todo, critican la falta de diálogo que ha cometido el Gobierno con este sector. En opinión de Quiles, "la federación presentó un borrador a Interior que no se ha tenido en cuenta, se comprometieron a contar con nosotros y no lo han hecho, por ello, consideramos que se nos ha mentido".
No están solos los miembros de la Federación de Caza, a ellos se les suma el sector federativo de caza nacional, el armero y los de tiro olímpico, quienes advierten que "se manifestarán, o convocarán movilizaciones si en la reunión del próximo lunes no se alcanza un principio de acuerdo".
El artículo que más preocupa a los cazadores, y contra el que se ha elaborado ya alegación, es el que se refiere a la prohibición de armas semiautomáticas, que son las más usadas, y que actualmente disponen de cargadores móviles con capacidad para cinco tiros. El nuevo reglamento limita que este tipo de armas puedan tener una capacidad mayor a tres tiros a través de su manipulación. Los cazadores explican que los cargadores fijos son casi inexistentes en el mundo de las armas semiautomáticas, ya sean rifles o escopetas, a excepción de Francia, donde los cargadores móviles sí están prohibidos. Aseguran que si el reglamento prosperase, en España no se podrán utilizar armas con capacidad de disparo con más de tres tiros para cazar (uno en la recámara y dos en el cargador). Además, entre las alegaciones que presentan, el colectivo pretende que se anule la prohibición de acceder a un permiso de armas si se cuenta con antecedentes policiales. En opinión de Juan Quiles, "una infracción de tráfico por alcoholemia o un delito cometido en la adolescencia y que conste como antecedente no debe limitar el derecho a ejercer la práctica de la caza o a tener permiso para el manejo de armas. No nos parece justo si no hay antecedente judicial". Otro de los artículos polémicos que recurrirán los cazadores valencianos es el que prohíbe el uso del calibre 30.06. "Parece que lo quieren anular para caza. Era un calibre del Ejército que autorizaron para la caza. Ahora vuelven a cambiar la autorización, y es un calibre muy habitual para caza mayor". Además, con el nuevo reglamento se considerarán armas ilegales las que guardan los coleccionistas o las antiguas sin la licencia en regla. "Esto puede afectar a más del 50% de los que tienen licencia en la C. Valenciana", argumenta Quiles.
180.000 valencianos afectados
Según los cálculos del sector, la nueva ley afecta a la totalidad de cazadores federados que hay en la Comunitat Valenciana, alrededor de 120.000, de los cuales, 82.000 tienen licencia de caza. Pero, las cifras se amplían si se tienen en cuenta los 180.000 valencianos que cuentan con licencia de armas. En opinión de Quiles, "todos nosotros veremos nuestros derechos recortados por la nueva ley", manifiesta, quien ha añadido que "el Gobierno y la Generalitat nos llevan a los cazadores por la calle de la amargura".
