Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) confirma una irregularidad en la adjudicación de plazas de interino en el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Comunitat Valenciana y que favorecería a personas afines al PP, entre ellas Francisca Sarrió, esposa del vicepresidente primero del consell y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps.
En concreto, la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 2ª del TSJCV ha admitido un recurso de apelación presentado por la Asociación de Conservadores y Restauradores de Arte contra una sentencia previa del máximo órgano valenciano, que daba por válido el procedimiento de adjudicación de las plazas de interino en el instituto.
Desde la asociación entendían que el proceso se había hecho de forma oscurantista y sin respetar algunos de los principios que obliga la ley. Con fecha de 23 de diciembre de 2010 y publicada una semana después, la sentencia ratifica -mediante la admisión del recurso- que realmente la adjudicación se realizó sin respetar el principio de publicidad, sin reconocer la igualdad de los méritos y la capacidad de los concursantes, es decir, que no fue transparente.
Según la sentencia, la entidad "infringió el principio de publicidad, impidiendo la aplicación en todo caso de los principios de igualdad, mérito y capacidad". Con esta nueva decisión judicial, se revoca la sentencia anterior y se estima el recurso presentado por los conservadores en 2006.
Por tanto, el fallo reconoce así que no sólo no se hizo una publicidad formal del proceso de adjudicación de las plazas, sino que no se produjo una publicidad real y efectiva que garantizara el conocimiento de la convocatoria para el mayor número de interesados a concurrir en la selección de personal interino.
Según señala la sentencia hecha pública por el TSJCV, se admite el recurso presentado por los conservadores a la sentencia anterior que consideraba que "no se vulneró la necesaria publicidad, ya que se hizo público en los propios tablones del Instituto en su sede en la localidad de Castelló". Según dicta la sentencia, los conservadores apelaron que "en ningún caso se cumplió con la publicidad exigible ya que las bases sólo se publicaron en el tablón de anuncios de la sede del Instituto en Castelló, y ello no puede considerarse suficiente ya que en todo debió publicarse también en los servicios territoriales de la Conselleria de Cultura de Alicante y Valencia.
Según explica la sentencia judicial -en sus siete folios-, "por acuerdo de 13 de diciembre de 2005, del Consejo Rector del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Comunitat Valenciana, se aprobó la convocatoria de bolsa de trabajo para la provisión de diversos puestos de trabajo del mencionado instituto, en concreto, técnico en gestión Jurídico Económica, coordinador de Bellas Artes, técnico en Pintura Mural, técnico en Pintura de Caballete Analítica, secretaría de Dirección, auxiliar administrativo y subalterno".
En su momento, el colectivo de restauradores denunció a Levante-EMV que entre los beneficiados figuraban personas afines al PP, entre ellas Francisca Sarrió -mujer del conseller de Economía y Hacienda, Gerardo Camps-, ex asesores del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, o una antigua colaboradora del ex conseller Víctor Campos. Así, la sentencia recoge, junto a Sarrió, los nombres de José Ignacio Catalán, Margarita Doménech y Mónica Rubio.
Opacidad en la contratación
El instituto -con Carmen Pérez al frente- tiene su sede oficial en Castelló. Fue el propio presidente de la Diputación de Castelló quien, por sorpresa, determinó su ubicación. Sin embargo, el instituto tiene ramificaciones en diversos escenarios de la Comunitat Valenciana.
Pérez ha creado este singular entramado de laboratorios a los que invita a participar a ex alumnos de la Universidad Politécnica, a la que está vinculada, o a empresas formadas por estos. La opacidad en la contratación ha sido denunciada en privado por muchos restauradores. Los trabajos no se sacan a concurso público. Además, funciona, según denuncian, como un coto cerrado en el que no se puede entrar ni asomar.
Los mismos profesionales no dudan en destacar la falta de experiencia de muchos de ellos, las prisas con las que se trabaja y las dudas en cuanto a los resultados obtenidos, pero sobre todo las garantías de futuro de un patrimonio que, siendo eclesiástico, disfruta de total financiación y control público.
