Los populares valencianos han optado por esquinar la polémica generada en Castilla-La Macha a cuenta de los derechos que por ley tienen garantizados los expresidentes de la comunidad vecina. Sus colegas castellanomanchegos han abierto fuego al jefe del Ejecutivo, el socialista José Maria Barreda, y le exigen que elimine por ley las prerrogativas que los mandatarios de la Junta tienen garantizadas cuando finalice su mandato: a saber; una secretaría de apoyo, dotadas con dos personas, un local de oficina con medios adecuados, un conductor, un coche oficial y un servicio de seguridad personal. Son prácticamente las mismas condiciones que los exjefes del Consell podrían tener en el caso de que se acogieran a la ley del Estatuto de los expresidentes pactada en 2002 entre Eduardo Zaplana y entonces secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla. La bronca política se desató en Castilla-La Mancha a raíz del anuncio de Barreda en las Cortes de que cuando abandone el cargo renunciará a los derechos que recoge la ley autonómica. Como ocurre con la ley valenciana, la norma de Castilla-La Mancha no contempla una pensión, pero sí la posibilidad de que el expresidente de turno se incorpore al Consejo Consultivo. No conforme con el gesto, los populares castellanomanchegos han exigido públicamente a Barreda que suprima por ley estos derechos. La confrontación se enmarca dentro de la batalla política a cuenta del sueldo de la número dos del PP, Dolores de Cospedal.
Aunque la posición del PP en Castilla-La Macha tiene una lectura muy en clave interna, choca con la que los populares valencianos tienen sobre este asunto. No en vano fue el PP en época de Eduardo Zaplana quien impulsó la norma. Fuentes de la dirección regional consultadas por este diario indicaron que no tienen intención alguna de "pisar este charco" y descartan gestos parecidos al de Barreda. Entre otras cuestiones, recuerdan que ninguno de los ex presidentes de la Generalitat con derecho a acogerse a la ley -hasta el momento el socialista Joan Lerma y los populares Zaplana y José Luis Olivas- lo han hecho. La ley valenciana permite a los ex mandatarios incorporarse al Consell Jurídic en un cargo con carácter vitalicio con voz, pero sin voto. Ninguno de los tres citados ha solicitado entrar en nómina del Consell, si bien ninguno de ellos puede solicitarlo en estos momentos porque ocupan cargos públicos o privados. Tampoco han solicitado la infraestructura que les otorga la ley y que, incluía oficina de apoyo, una secretaria, un coche y dos escoltas. Sólo Zaplana tiene escolta.
La polémica sobre el retiro dorado de lo ex presidentes también saltó hace unas semanas con motivo de las elecciones catalanas y la salida de José Montilla. Tanto en esta comunidad como en Andalucía y el País Vasco el futuro de los expresidentes está muy bien atado, ya que tienen derecho a una pensión vitalicia.
