Rotura de cristales y manchas rojas y amarillas por el estallido de bombillas y botellas llenas de pintura. Es el balance del último episodio de violencia contra sedes de partidos y asociaciones, que en los últimos cuatro años eleva su saldo ya a casi medio centenar de agresiones de distinta intensidad. Las últimas víctimas son el PSPV y la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), cuyos locales amanecieron ayer con marcas de la intolerancia. Todos los indicios apuntan a que los agresores son los mismos, dado que las dos sedes, que están relativamente cerca, presentaban en su fachada, además, un número 67 pintado y tachado. Los autores de esta acción violenta querían expresar su rechazo al retraso de la jubilación a los 67 años, como defiende la patronal y el Gobierno en la negociación de la reforma de las pensiones.
Por si había dudas sobre el sentido de estos ataques, la Coordinadora d'Assemblees de Joves de l'Esquerra Independentista (Cajei) hizo público un comunicado en el que no reivindicaba los actos pero sí expresaba su «pleno apoyo a esta y a toda acción de protesta contra la reforma», que calificaba de «agresión a los trabajadores». «Resulta evidente que estas acciones vienen motivadas por la aprobación inminente, el próximo 28 de enero, de la reforma de las pensiones por parte del Gobierno español, una reforma que, como bien ilustran las pintadas, alarga la edad de jubilación de los 65 a los 67 años».
A las tres de la madrugada
«Quien siembra el odio, recoge la rabia»,agregaba el comunicado. Para la Cajei los culpables son «el Gobierno y la patronal». «Los culpables no son los que responden a sus agresiones, sino los que las generan», advertía la nota. «Subversió per la llibertat» es uno de los lemas de esta organización juvenil, que ha aplaudido diversos actos protagonizados contra entidades bancarias. El sábado, esta coordinadora ya emitió un comunicado donde afirmaba que «diversos militantes» de Cajei habían atacado la sede de la Seguridad Social en Sueca. Y acompañó la nota con fotos.
Fuentes del PSPV explicaron que las cámaras de seguridad recogieron el momento de la agresión, protagonizada por tres encapuchados, a las tres de la madrugada. Dos llegaron por la acera y uno cruzó la calle Blanquerías para lanzar las bombillas con pintura que rompieron la cristalera situada sobre la puerta principal, en la primera planta, exactamente en la sala de prensa. Un ataque similar al que sufrió esta sede pasado el 16 de abril.
La policía científica se personó a primera hora para iniciar las pesquisas. Los socialistas anunciaron que denunciarían los hechos, lo mismo que hicieron el pasado 8 de diciembre cuando unos desconocidos intentaron pegar fuego a la sede de l´Olivereta en Valencia.
A apenas 500 metros de la sede socialista, en la Plaza Conde de Carlet, el local de la CEV sufrió un ataque similar. La puerta de cristal del edificio sufrió varios impactos de de pintura roja y amarilla y, en la fachada, también dibujaron en rojo el número 67 tachado. La asociación empresarial también anunció que iba a denunciar los hechos. Con los dos ataques de ayer, las agresiones contra partidos, sindicatos y asociaciones, sobre todo de izquierda, caminan ya hacia el medio centenar desde el 21 de enero de 2006 en que unos encapuchados destrozaron el local de la librería Tres i Quatre. Entre los actos más graves está el artefacto casero que estalló el 30 de noviembre de 2007 en la sede de Esquerra Republicana (ERPV). Apenas ha habido dos detenidos. Es una de las asignaturas pendientes de los delegados del Gobierno que van desfilando por el Palacio del Temple: Bernabé, Peralta y, ahora, Ana Botella. La delegada vino a decir ayer que está en ello.
PP y Compromís condenan los actos de violencia política
El secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, expresó ayer su más «enérgica repulsa» al ataque perpetrado contra la sede del PSPV. Reiteró su «compromiso en contra de los que usan la violencia como instrumento para defender unos ideales políticos» y aseguró que los violentos «no tienen cabida en un sistema democrático y de derecho». El PP expresó su confianza en la actuación de la policía para identificar, capturar y poner a disposición de la justicia a los autores del ataque. Además, recalcó que espera «que se tomen medidas legales contra aquellos que han apoyado la acción violenta». El portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera, condenó estas acciones porque en una democracia «moderna y avanzada los actos vandálicos y los ataques contra propiedades o personas no tienen cabida». Para Morera, tiene que ser «una de las prioridades de la nueva delegada del Gobierno», Ana Botella, «poner freno a esta violencia», a la que su partido, dijo, está «acostumbrado». efe valencia
