La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ana Botella, y el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, se han instado a pasar de las buenas predisposiciones a los hechos y a llegar a acuerdos en cuestiones como los chiringuitos o las prospecciones petrolíferas.
Botella y Castellano, que han mantenido hoy su primer encuentro después de que el president de la Generalitat, Francisco Camps, recibiera a la delegada del Gobierno hace un par de semanas, han destacado la "cordialidad" de un encuentro "ejecutivo" en el que han concretado algunas cuestiones.
En este sentido, desde la Delegación se ha informado de que la Dirección General de Costas ya tiene una propuesta para los doce locales con problemas para adaptarse a la ley de Costas, que servirá para "salvar cualquier obstáculo que incluso puede ser de carácter competencial".
El conseller ha reiterado que la Generalitat quiere las transferencias en la gestión del litoral y ha afirmado que no comparte las manifestaciones del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, quien afirmó ayer que el Estatuto valenciano no permite transferir esta cuestión, como se ha hecho en Andalucía.
"Entendemos que sí tenemos estas competencias", ha manifestado Castellano, quien ha calificado de "insuficiente" la creación de una comisión mixta, al tiempo que ha indicado que con independencia de lo que establezca el Estatuto de Autonomía "hay otras fórmulas jurídicas para hacer una transferencia de competencias".
Botella ha rechazado que se trate de "favorecer" a unas autonomías respecto a otras, sino "que el título que habilita para estas cuestiones está muy claro en el Estatuto de Andalucía y no lo está tan claro en el valenciano", pero ha asegurado que esto no será "óbice" para llegar a un acuerdo en favor de estos establecimientos.
El plan de reforma del barrio valenciano del Cabanyal ha sido otra de las cuestiones tratadas en el encuentro, donde el conseller ha exigido el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno ha presentado contra el decreto de la Generalitat que permitía la ejecución de estas obras.
Ha defendido que se ha producido una "invasión de competencias" y ha sostenido que un barrio "tan importante para el desarrollo de la ciudad no debería estar en un conflicto como el que está en estos momentos".
Al respecto la delegada del Gobierno ha asegurado que el Ministerio de Cultura no tiene "ninguna intención" de retirar ese recurso porque considera que ha actuado "en defensa del interés general y con el ánimo de salvaguardar al máximo todas las cuestiones de carácter patrimonial".
Botella ha afirmado que el recurso "no tiene que ser óbice para que se puedan encontrar otras fórmulas" que no impidan "el desarrollo" de este barrio y en este sentido ha señalado que el Ayuntamiento de Valencia tiene ahí "toda la iniciativa política".
El conseller también ha reiterado a la delegada del Gobierno la oposición de la Generalitat a que se realicen prospecciones petrolíferas en las costas de la Comunitat Valenciana y la ha instado a pedir al vicepresidente tercero, Manuel Chaves, que asegure que éstas no se van a hacer, como hizo en Andalucía.
La visita de Chaves hoy a la Comunitat, ha afirmado, "sería una buena oportunidad" para asegurar que este tipo de actuaciones no se desarrollarán en parajes como La Albufera o las Islas Columbretes, igual que dijo que éstas no se harían en la Costa del Sol, "para proteger" los intereses del sector turístico.
A este respecto, la delegada del Gobierno ha admitido la necesidad de reunirse con los representantes de la Generalitat para explicar en qué van a consistir estos trabajos y para informarles de que todos ellos deben contar con el perceptivo estudio de impacto ambiental.
La posible instalación de un cementerio nuclear en Zarra ha sido otra de las cuestiones abordadas en el encuentro, donde Castellano ha reiterado la negativa del Consell a esta infraestructura y la delegada ha afirmado que ésta es una cuestión pendiente de aprobación por parte del Consejo de Ministros.
Ambas partes también han manifestado su voluntad de llegar a un acuerdo sobre el proyecto de la nueva comisaria de policía de Zapadores y de trabajar para buscar una fórmula que permita al Gobierno retirar el recurso que interpuso contra el decreto por el que se crea el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Comunitat.
En este sentido han apostado por buscar fórmulas como la puesta en funcionamiento del Consejo Autonómico de Seguridad.
