La causa de los trajes de Camps, en su recta final

LEVANTE-EMV.COM/EP El juez José Flors, que investiga a Francisco Camps por un presunto delito de cohecho pasivo al aceptar trajes de la trama Gürtel, ha concluido su investigación y ahora da un plazo de cinco días a las partes para que presenten su escrito de conclusiones provisionales.

El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, encargado de la rama valenciana del caso, da por concluida así la investigación abierta contra el presidente de la Generalitat, así como contra el ex secretario general del PPCV y diputado en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, y Rafael Betoret, el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia. Según la Fiscalía Anticorrupción y el PSPV, que presentó la denuncia, supuestamente habrían aceptado regalos de Orange Market a cambio de contratos públicos.

Así lo ha acordado en una providencia de fecha 25 de enero, contra la que cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días ante el mismo magistrado instructor .

Según señala Flors en el escrito, una vez practicadas todas las diligencias que se han declarado "pertinentes" en esta fase del procedimiento a instancias de las partes, y según lo que establece la Ley del Jurado, se da traslado a ministerio fiscal y acusación popular --ejercida por el PSPV-- para que en cinco días "insten lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando, en su caso, escrito de conclusiones provisionales".

Contra esta resolución se puede presentar recurso de reforma, de acuerdo con los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el plazo de tres días ante el propio instructor.

La semana pasada, el magistrado rechazó la solicitud de nuevas pruebas por parte de la defensa de Camps que, previsiblemente, recurrirá la decisión.

En cualquier caso, esta semana se conoció que los peritos de Camps han avalado que el caos contable impide saber quién pagó los trajes, apoyando así la tesis de la Agencia Tributaria al denunciar facturas falsas y alteración de la contabilidad.