El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, rechazó ayer el "aparato ideológico" que "ataca" el Estado de las autonomías y negó que sea un modelo "despilfarrador y no eficiente". A su juicio, el modelo autonómico es "el mejor instrumento para luchar contra la crisis económica y para seguir creando empleo".

Chaves se pronunció en estos términos tras visitar el castillo de Alaquàs (Valencia) junto al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ana Botella. Después acudió a Castelló al mitin de presentación del candidato a alcalde, Juan María Calles. Preguntado sobre el informe que encargó a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas para detectar las "posibles duplicidades, solapamientos e ineficiencias" del modelo autonómico, Chaves respondió que "cuando esté completo se publicará". El hizo una reflexión sobre el Estado de las Autonomías, modelo sin el cual "la España de hoy no se entiende en su progreso y en su desarrollo". Además, añadió que es necesario "corregir deficiencias, fortalecerlo e impulsarlo" y, en este sentido, aseguró que, no sólo en España, "en cualquier otro Estado descentralizado, se llevan a cabo revisiones del funcionamiento periódicamente". En esa dirección, resaltó, trabaja el Gobierno español para hacer el modelo autonómico "mucho más eficiente".

Del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA) dijo que está acordado por todas ellas, "que lo han firmado ya a través de las comisiones mixtas". También recordó que hay dos acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiero que se agotaron en julio para establecer los techos de gastos y los objetivos de déficit que corresponden a cada una de las CCAA, así como también las autorizaciones de endeudamiento de cada una de ellas en función del cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal.

Por otro lado, señaló que la Comunitat Valenciana "tiene oportunidad", ahora que se habla de una reforma del Estatut, de modificarlo para que contenga un "título competencial" para la gestión del litoral y, por tanto, de los chiringuitos, tal y como ocurre en Cataluña, Baleares y Andalucía.