Algunas normas a veces se aprueban para engordar el servidor del DOCV sin que lleguen a aplicarse en la vida real. Es el caso de la Ley de Accesibilidad Universal al Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana que entró en vigor el 15 de diciembre de 2009.
La nueva normativa daba un plazo de doce meses -hasta diciembre de 2010- para que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, o con más de 10.000 viviendas en su término municipal, redactaran un plan de adaptación de itinerarios urbanos a las personas con problemas de movilidad. Se debían identificar las principales barreras arquitectónicas de la localidad y, a partir de la aprobación de este Plan de Movilidad, la ley concedía un plazo de cuatro años para eliminar todas estas barreras arquitectónicas. Este último plazo se extendía hasta los ocho años en el caso de los ayuntamientos más pequeños. Transcurrido el primer año de la entrada en vigor de la norma, la Conselleria de Infraestructuras asegura que aún no se ha iniciado la cuenta atrás. "El plazo de un año comenzará a contar cuando se aprueben unos reglamentos que desarrollen la ley y que aún se están redactando", aseguran fuentes del departamento que dirige Mario Flores en respuesta al número de municipios que han aprobado sus respectivos planes de movilidad.
Multas de hasta 300.000 euros
Los posibles incumplimientos de los gobiernos municipales podían ser sancionados con multas de hasta 300.000 euros. La Ley de Accesibilidad Universal también prevé sanciones de 300 euros a los ciudadanos que no cedan el asiento a una persona de movilidad reducida en un transporte público. O de 300 a 6.000 euros a los conductores que paren en determinadas marcas viales. La infracción, con su correspondiente multa, que no preveía la norma era el retraso en aplicar la misma ley. Así que el principio del fin de las barreras arquitectónicas de los 542 municipios de la Comunitat Valenciana aún no ha escrito su primer capítulo. La novedad de esta normativa es que elevaba a rango de ley el diseño de ciudades más accesibles para mayores, discapacitados, personas con niños pequeños, embarazadas o peatones sin más.
La "línea roja" era una nueva marca vial, como las bandas amarillas que ya impiden parar a los vehículos, pero que también afecta al mobiliario urbano como los quioscos, papeleras o bancos. Debía desarrollarse a través de un reglamento (a redactar en 9 meses) pero apenas se ha extendido su uso. Además, desde la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Valenciana (Cocemfe), señalan que Valencia cuenta con cinco aparcamientos subterráneos con barreras arquitectónicas y tan solo 64 plazas para personas con discapacidad de las 4.878 plazas públicas que oferta el ayuntamiento. Una cifra "insuficiente" según la normativa vigente".
