La asociación Jueces para la Democracia (JPD) considera "intolerable" que el poder judicial valenciano esté vinculado con "los intereses de la administración autonómica" que gobierna Francisco Camps (PP). El colectivo denuncia que la designación de cargos en las estructuras judiciales no se haga atendiendo al mérito y la capacidad profesional "sino en función de determinadas componendas políticas".
Las últimas designaciones de cargos efectuadas para la Audiencia Provincial de Castellón y la de Valencia, así como para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana o el hecho de que haya quedado desierta la presidencia de la sala contencioso administrativo del TSJ -que se encarga del urbanismo valenciano- ha hecho que la asociación acuse de "falta de voluntad" tanto desde el gobierno central como de la administración autonómica para independizar las estructuras judiciales y evitar el tibio continuismo institucional que caracteriza desde hace años al territorio valenciano.
Desde la asociación sostienen que hay un estancamiento de las estructuras judiciales en la C. Valenciana en muchos casos debida "a la actitud de complacencia institucional hacia el poder político autonómico". Y fuentes de la asociación sostienen que la estrecha vinculación entre el exconseller Fernando De Rosa -ahora vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ- y el presidente de la Generalitat no beneficia a que se produzca "una profunda renovación que necesitan las estructuras judiciales valencianas".
Desde la asociación señalan que los escándalos judiciales que afectan a dirigentes del PP -como Gürtel o Brugal- son juzgados en estas instituciones, y se alude como ejemplo la reciente decisión de la sección segunda de la Audiencia de Castellón de archivar cuatro de los cinco delitos fiscales que se imputaban al presidente de la Diputación, Carlos Fabra, (PP) por entender que estaban prescritos, tras más de siete años dando vueltas por el juzgado. Ya que desde la asociación se cuestiona "la perplejidad que pueden sentir los ciudadanos al constatar que determinadas causas que afectan a relevantes cargos públicos se dilatan en el tiempo mientras que la administración autonómica no asigna a los juzgados los recursos necesarios y "guarda silencio" por las deficiencias en la institución.
