Juristas valencianos también denuncian que Camps controla el poder judicial

NEUS GÓMEZ VALENCIA Las críticas vertidas por la asociación de Jueces Para la Democracia (JPD) quienes consideran que las vinculaciones entre el poder judicial valenciano y la administración autonómica son más que evidentes, no han dejado indiferentes a las estructuras jurídicas valencianas. La asociación valenciana de Juristas Demócratas piensa abordar esta cuestión en la próxima junta directiva que se celebra el miércoles. Según su presidente, Juan Antonio Lloret, diversos asociados han hecho saber su "malestar" ante las vinculaciones que existen entre el gobierno autonómico y el órgano judicial valenciano. En este sentido, sí reconocen diversos socios "proximidad" entre los dos organismos y "dudosa aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad en la designación de los cargos".
Estas denuncias se suman a la opinión manifestada este fin de semana por los jueces progresistas quienes consideran que la justicia tiene una actitud de "complacencia hacia las instituciones políticas valencianas". En clara alusión a la influencia que puede ejercer el vicepresidente De Rosa, que es exconseller del gobierno de Francisco Camps.
En este sentido, la portavoz del Consejo General del poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha defendido la "imparcialidad y la profesionalidad" de su vicepresidente, Fernando De Rosa, pese a su pasada actividad política. De hecho, Bravo sostiene que "no puede actuar en demérito de ningún jurista para acceder a cargos profesionales el hecho de que haya estado vinculado a cargos políticos", según ha manifestado. Mientras los jueces sostenían que los nombramientos de cargos en las estructuras judiciales no se hace atendiendo a los valores de "capacidad y mérito", Bravo discrepa y defiende que "pese a que las decisiones que se toman no pueden satisfacer a todos, al final es designado para el cargo el que consigue sumar 13 votos de los 20 que componen el órgano colegiado". Bravo añade que "cuestionar si es el mejor o no se puede hacer pero al final es el que ha conseguido los votos, es como funciona el sistema".

La Justicia corrige sus errores
El hecho de que el Tribunal Supremo decidiera reabrir el caso contra el presidente de la Generalitat valenciana por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio, al admitir los recursos de la fiscalía y del PSPV contra el archivo acordado a principios de agosto de 2009 por el Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJCV). O que la Fiscalía Anticorrupción haya presentado el recurso anunciado contra la decisión de la sección segunda de la Audiencia de Castellón de archivar cuatro de los cinco delitos fiscales que se imputaban al presidente de la Diputación, Carlos Fabra, por entender que estaban prescritos son, a juicio de la portavoz del CGPJ, ejemplos que respaldan el argumento de que la justicia tiene "mecanismos para corregir supuestos errores que se hayan podido cometer en las estructuras judiciales".
A su parecer, "la justicia tiene instrumentos para corregir decisiones si se considera que pueden ser más justas". Y pese a que entiende la "perplejidad o el asombro" de la ciudadanía con la resolución de determinados asuntos políticos que son tramitados en los juzgados, considera que "siempre se actua con imparcialidad ante cualquier ciudadano". El TSJ valenciano no ha querido pronunciarse a este respecto.

"Los responsables políticos no cumplen"
Donde si parece haber un punto de encuentro entre las diversas estructuras jurídicas es sobre la precariedad de las instalaciones judiciales. No sólo los jueces progresistas elevaban la voz sobre las graves carencias que existen en los juzgados valencianos sino que la portavoz del CGPJ ha arremetido contra los responsables políticos -tanto del Gobierno central como autonómico- por "desatender y no cumplir" con las reformas que necesitan estos organismos para poder seguir trabajando. Bravo ha indicado que los juzgados no pueden seguir funcionando "a base de sacrificios personales de los jueces y del personal que en ellos trabaja para cubrir las carencias con las que los diversos responsables políticos no cumplen".