Génova ha vuelto a encender la llama de la privatización de Canal 9. Pese a los persistentes y continuos rechazos del Consell al cambio de régimen de la televisión pública valenciana, los líderes nacionales del Partido Popular no cejan en un empeño de defender la transformación del actual modelo como única vía para salvaguardar la estabilidad financiera del ente televisivo.

Si a finales del 2010 fue María Dolores de Cospedal quién abrió la caja de Pandora, ayer el propio Mariano Rajoy se encargó de ratificar las tesis de su secretaria general, "si gano las elecciones modificaré la ley audiovisual. A las comunidades autónomas en las que gobierna mi partido les daré una autorización para que pueda haber una gestión privada en las televisiones públicas", así de claro se pronunció ayer el candidato del PP a la presidencia del gobierno.

Las palabras de Rajoy, que no tuvo reparos en defender la privatización en una entrevista publicada por el diario El Mundo, chocan frontalmente con las tesis amparadas una y otra vez desde el PPCV. Paula Sánchez de León, portavoz del Consell, ha defendido en repetidas ocasiones la necesidad de contar con "una televisión valenciana creada como un ente público y destinada a fomentar el uso de la lengua y vertebrar la Comunitat Valenciana".

Jose Ignacio Pastor, miembro del Consejo de Administración de RTVV por parte del PSPV, identificó como principal causa del enfrentamiento de posturas en las filas populares a la necesidad de tapar "los fallos de gestión del PPCV. Privatizar la televisión causaría que se levantaran las alfombras y saliera a la luz todo lo que se ha querido esconder".

Sin embargo, el portavoz socialista se mostró contrario al cambio de régimen, "la privatización no solucionará nada, sino al contrario. Lo que necesita nuestra comunidad es una televisión pública, de calidad y en valenciano". Pastor recordó el "Decálogo para la normalización democrática de RTVV" impulsado desde el PSPV y apuntó que "no han cumplido ninguno de sus puntos".

En términos parecidos se movió Enric Morera, portavoz del grupo Compromís en Les Corts, "Camps es un problema para Rajoy, ya que todo lo que se predica en Madrid se incumple aquí. Canal 9 es un ejemplo más de esta situación, de aquí que se enfrenten los dos discursos". Morera también apoyó la protección de una televisión pública valenciana, "lo que pasa es que la actual RTVV es un nodo en manos del PP y defenderla es una tarea muy difícil".

Por su parte, Amadeu Sanchís (EU) demandó a la Generalitar que "asuma las deudas de RTVV y pague a los proveedores. Es la principal empresa pública de la C. Valenciana".

Impagos

La amenaza de privatización no es el único frente que tiene abierto el actual equipo directivo de la plataforma. Los impagos a los proveedores son otro obstáculo. La firma de seguridad Eulen ha protagonizado el primer movimiento, anunciando que podría cesar sus actividades de vigilancia en los recintos del ente televisivo si no recibe los más de tres millones que se le adeudan. Ahora, el principal peligro pasa por la aparición de un "efecto dominó", causado por el vacío existente en las arcas de Canal 9. Los próximos en tomar medidas podrían ser los agentes del sector audiovisual. Tras pactar un calendario de pagos, el ente televisivo tiene quince días para abonar a las distintas productoras cerca de 4,5 millones de euros, el 20% de las deudas contraídas desde mayo de 2009. El 80% restante debería sufragarse antes próximo 1 de agosto.

Tanto los agentes del sector consultados como RTVV confirmaron la existencia del acuerdo. Los interrogantes se suscitan en torno a la posibilidad de un incumplimiento por parte del medio público, "muchas empresas están al borde del abismo, no queremos pensar en lo que sucedería".