La Conselleria de Justicia va a controlar con funcionarios de incógnito a los empleados públicos de los juzgados que incumplen el horario. Justicia, que es consciente del fraude laboral, lleva trabajando en el proyecto desde noviembre y ha acelerado la implantación tras la denuncia de Levante-EMV que evidenció que algunos funcionarios fichan y se marchan. Los funcionarios que van a comprobar que sus compañeros "se sientan en sus mesas y encienden el ordenador" pertenecen a la Justicia, aunque no están adscritos a los juzgados para evitar que los reconozcan, según confirmaron fuentes de la conselleria. Estas fuentes advirtieron: "Una vez que hemos conseguido que los funcionarios fichen, ahora toca comprobar que trabajan".
La Dirección General de Justicia ya ha habilitado una jefatura de unidad para "incrementar la efectividad del control de presencia de los funcionarios en sus puestos de trabajo". El Consell advirtió la semana de que los funcionarios de la Ciudad de la Justicia que fichan y se marcha tendrán "el correctivo necesario". La intención de la Generalitat es comenzar a extremar la vigilancia en los juzgados que tienen implantado el sistema de control biométrico, que son los que están las Ciudades de la Justicia de Valencia, Castelló y Elx.
Hasta la denuncia hecha pública la semana pasada, medio centenar de funcionarios fichaba a primera hora en la Ciudad de la Justicia y se iba. Este periódico comprobó ayer a las 8.25 horas -momento en el que más funcionarios acceden a la Ciudad de la Justicia- que ya no se forman colas de coches de empleados públicos que entran y salen de los juzgados en menos de treinta segundos.
Dimas Vega, responsable de Justicia del sindicato CC OO en la Comunitat Valenciana, explicó ayer que los funcionarios que acumulen "tres faltas de abandono de destino pueden ser castigados con el traslado forzoso de juzgado o incluso con la suspensión de empleo y sueldo ya que se considera un incumplimiento grave". Un representante de otro sindicato reconoció la semana pasada que "hasta ahora la Conselleria de Justicia no ha abierto expediente por incumplimiento de horario a ninguno de los 2.600 funcionarios judiciales de la provincia de Valencia".
Fuentes de la Conselleria de Justicia incidieron en que "una vez superadas las incidencias técnicas" del sistema de verificación de huella y "justo en el momento en que ha saltado la noticia de las irregularidades de algunos funcionarios a la hora de fichar", ha llegado el momento de "controlar de forma efectiva su presencia en el puesto de trabajo".
La Conselleria de Justicia implantó el control biométrico en noviembre de 2006 para evitar el absentismo después de que los jueces valencianos se quejaran de que algunos funcionarios trabajaban una media de veinte horas a la semana. Los funcionarios de la Conselleria de Justicia están obligados a realizar treinta y siete horas y media a la semana. La parte principal del horario, que la conselleria denomina tiempo fijo o estable, es de cinco horas y media, a cumplir de lunes a viernes entre las 8.30 horas y las 14.30 horas. La parte flexible -que son las otras dos horas diarias que deben trabajar- se la pueden distribuir entre las 7.30 y las 9 horas, y entre las 14 y las 19 horas. La resolución del calendario laboral precisa que el incumplimiento "injustificado de la jornada" dará lugar a una reducción del sueldo.
Rechazo a las críticas
La Conselleria de Justicia sólo ha podido implantar el sistema de control de horarios mediante huella en los juzgados de las ciudades de Valencia -que concentra a un 33% del personal-, Castelló y Elx por la oposición de los sindicatos y los funcionarios. La revelación del fraude ha generado un gran malestar entre los funcionarios, que consideran que es un ataque al colectivo. Los empleados públicos insisten en que los que engañan a la Administración son "una minoría".
