Los 34 inspectores que la Conselleria de Educación nombró, en la práctica, a dedo al ser seleccionados por un tribunal formado por miembros de la Administración han perdido el puesto, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que da la razón a los sindicatos FETE-UGT y CC OO que habían recurrido las oposiciones.
La conselleria, definitivamente, publicó ayer la resolución del director general de Personal acatando la sentencia y "anulando las actuaciones realizadas en el procedimiento de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación" convocada por orden de 24 de abril de 2007.
De esta forma, "se anula el nombramiento como funcionarios de carrera del cuerpo de inspectores de Educación al personal" relacionado en estos hechos.
Sin embargo, fuentes de la conselleria señalaron ayer que lo más posible es que estas personas, muchas de ellas vinculadas al PP o familiares de la citada organización política, acaben siendo consideradas como inspectores accidentales, con lo cual continuarán en la práctica en estos puestos y "no se vuelven a casa" que es el temor de los sindicatos.
Las mismas fuentes recordaron que cuando se anularon los nombramientos de inspectores realizados cuando gobernaba el PSOE, éstos fueron desvinculados totalmente de esta función.
La FETE ha exigido de Educación que aplique estrictamente la sentencia sobre la oposición a la inspección y que "anule ésta en su integridad, procediendo a repetirla con una nueva convocatoria, ajustada al nuevo modelo de inspección que diseña la LOE".
En CC OO recordaron que "desde el inicio del Consell del PP en 1995, es un hecho incuestionable que la conselleria ha ido designando con carácter provisional en puestos de la inspección a un gran número de personas significadas por su militancia política en el Partido Popular".
Un cuerpo controlado por la conselleria
En la Mesa Sectorial del lunes se trató el nuevo decreto que regula la inspección educativa una vez que ésta ya depende de la Conselleria de Educación -hasta principios de 2010, estaba supeditada a Administración Pública-. Este Decreto es de "vital importancia ya que regula sus fines y las funciones de la inspección", indican en CC OO.
La propuesta, según este sindicato, "no puede ser más centralizada y controlada: la inspección depende directamente de la Secretaría Autonómica y es el conseller quien nombra a los que ocupan el cargo de inspector general; el resto de cargos de coordinación los nombra la Secretaría". levante-emv valencia
