La Abogacía General de la Generalitat ejerce de brazo armado jurídico para defender el interés público en los tribunales frente a terceros pero no está tan claro que deba servir de parapeto de las empresas públicas del Consell para mantener normas más laxas en determinadas contrataciones frente al criterio de la Sindicatura de Comptes, la institución que tiene encomendada la fiscalización de las cuentas. Así lo denunció ayer la portavoz de Economía del PSPV, Cristina Moreno, quien censuró el que los letrados del Ejecutivo estén propiciando la "manga ancha" de las sociedades para adjudicar al dar el visto bueno a normas que relajan las exigencias en publicidad, concurrencia, transparencia e igualdad respecto a las que pide el Síndic.

La situación de abierta "discrepancia" sale a relucir en el informe del Síndic que refleja y analiza las alegaciones de las firmas a la última auditoría, referida a 2009. El conflicto afecta a los contratos en los que la ley no exige que se cumplan las normas de UE (con carácter general, los que estén por debajo de los 5,1 millones para los de obras y de 206.000 euros, en los de servicios). En estos casos se exige la aprobación de unas normas que, no obstante, deben cumplir los citados principios básicos de contratación. También afecta a los contratos menores (menos de 50.000 euros para obras y de 18.000, para servicios), en los que solo hace falta aprobar el gasto y no hay fiscalización previa.

La mayoría de empresas ha aprobado unas instrucciones que, según el Síndic, "no garantizan" la publicidad o concurrencia, sobre todo en la contratación menor, al tiempo que elevan los topes fijados en la ley de contratos para adjudicar de forma más discrecional. Como en el caso de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), la firma, según refleja el Síndic, "discrepa" del auditor público y resalta que su "postura" ha sido "ratificada" por la Abogacía de la Generalitat en un informe de 30 de junio de 2010, por lo que sus normas son "ajustadas a Derecho". Al igual que el resto de firmas, y frente al Síndic, sostiene que las exigencias de la ley de contratos en los contratos menores sólo pueden aplicarse a la Administración y no al sector público.

Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat (Ciegsa) es una muestra al elevar el listón del contrato menor de suministros y servicios a 50.000 euros. Vaersa es otro ejemplo del extendido incumplimiento al prever la tramitación de procedimientos sin publicidad en actuaciones de obras entre 200.000 y hasta un millón de euros, y de servicios entre 60.000 a 100.000 euros, cuando los topes de la ley de contratos están en 200.000 y 60.000 euros respectivamente.

"Avalado" por la Abogacía

Ciudad de la Luz, SA, resalta que su proceder está "avalado por los sucesivos informes de la Abogacía de la Generalitat". Con todo, apunta la voluntad de adaptarse a las exigencias del Síndic aunque lo hará "como mejoras", ya que "en ningún caso existe un imperativo legal" ni supone que "esté vulnerando ninguna norma vigente". Aeropuerto de Castellón, SL, "discrepa" del auditor y dice que actúa "de conformidad" con los letrados del Consell. Y así, suma y sigue.

La socialista Moreno censuró que la Generalitat "avale la laxitud en los requisitos" y "permita que no se cumplan ni la objetividad, ni la transparencia ni la igualdad de oportunidades". "Es indecente que la Abogacía del Consell anule a una institución que es la indicada para decir a las Administraciones cómo lo tienen que hacer". La diputada del PSPV fue más allá y recordó que es la misma Abogacía que emitió un informe para decir "que los regalos de trajes a Camps estaban dentro de la ley".