La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, denunció ayer que la alcaldesa, Rita Barberá, ha denegado a su grupo el dictamen jurídico que el consistorio y la Generalitat han utilizado como base para la querella por prevariación contra la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, sobre el plan del Cabanyal.

Rita Barberá ha rechazado la petición del grupo socialista -cursada a través de una nota interior- a través de un decreto firmado por el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, donde asegura que resulta "improcedente" facilitar el acceso al dictamen a los socialistas porque ello podría "perjudicar el normal funcionamiento de la defensa de los citados intereses municipales". El PSPV reclamará el expediente de contratación del dictamen, elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Santiago Muñoz Machado, para saber si se ha pagado con fondos públicos.

Según el resumen del dictamen facilitado por el equipo de gobierno a los medios de comunicación, el catedrático concluye que la orden de paralización del plan de González-Sinde es arbitraria e incurre en desviación de poder.

La negativa de acceso al dictamen contraviene el artículo 11 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Valencia sobre la transparencia informativa, recordó la portavoz socialista.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, replicó a Alborch que ella no es quien declara la legalidad o ilegalidad de los asuntos. A través de un comunicado, Grau dijo que "fue la ministra de Cultura socialista la que, haciendo una interpretación incorrecta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó una orden paralizando toda actuación en El Cabanyal".