El Gobierno permitirá a la Generalitat refinanciar su deuda tras la rebelión de las autonomías desatada ayer al conocerse el acuerdo del lunes en la Moncloa entre el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y el titular de la Generalitat catalana, Artur Mas, para que Cataluña pueda endeudarse más. El pacto, por el que el Gobierno se asegura los votos de CiU en el Congreso, garantiza también el pago de 759 millones que adeudaba a esta comunidad desde 2008 por atrasos en inversiones en infraestructuras. Sin embargo, la concesión a Cataluña, que según el Gobierno se refería a refinanciación de deuda que vence este año y no a endeudamiento nuevo, se extenderá al resto de autonomías, lo que dará un respiro a todos los ejecutivos regionales. Asimismo, se autorizará deuda para cubrir el déficit a las autonomías que cumplan el objetivo de este ejercicio (13% del PIB).
A lo largo del día de ayer, hasta nueve comunidades, incluidas dos del PSOE (Castilla-La Mancha y Aragón), rechazaron que se diera un trato privilegiado a Cataluña con la deuda. El Consell de Camps encontró un nuevo frente que añadir a la lista de "agravios" del Gobierno y, por boca del vicepresidente económico, Gerardo Camps, anunció que que va a solicitar una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne al Ejecutivo y a las autonomías, para debatir "en plano de igualdad" sobre los criterios del Gobierno a la hora de fijar los límites de endeudamiento de las comunidades.
Camps advirtió que el pacto "pone en peligro el actual modelo territorial del Estado español", ya que esta decisión "solo podía adoptarse en el seno del CPFF, donde se podría haber debatido con el resto de autonomías una posición común". Censuró que el Gobierno "haya autorizado a Cataluña nuevas operaciones de endeudamiento sin tener que esperar a que el Ministerio de Economía le apruebe el Plan de Reequilibrio, tal como se decidió en el CPFF", y se exige al resto de autonomías. Al igual que Cataluña, que incumple el objetivo del déficit en 2010 al superar el 2,4% de su PIB, Murcia y Castilla-La Mancha tenían prohibido endeudarse hasta que el Ministerio de Economía no apruebe sus planes de reequilibrio. La posibilidad que se hiciera una excepción con Cataluña enervó al resto.
Sin embargo, el Gobierno aseveró que la exigencia de tener aprobados los planes de viabilidad se mantiene para el endeudamiento nuevo. La novedad es que se permitirá a las comunidades con déficit refinanciar los vencimientos de la deuda previstos para este año. En el caso de Cataluña, se trataba, indicó, de la deuda sanitaria de 2006 reconocida en el año 2007 y las amortizaciones de la deuda a largo plazo que vence este año. El Ejecutivo negó que haya un trato de privilegio con Cataluña y sostuvo que las reglas son iguales para todos. Previamente, Camps censuró "la doble vara de medir del Ejecutivo de Zapatero, que supone una discriminación clara y un trato injusto y desigual a las autonomías".
Mandatarios de Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Canarias, Cantabria o Aragón, así como el Ayuntamiento de Madrid, criticaron como en Valencia el acuerdo. El presidente manchego, el socialista José María Barreda, advirtió que no aceptará "ningún tipo de trato discriminatorio" del Gobierno, al que exigió igualdad de trato se viva donde se viva.
CV recurre en el Supremo
En las Corts, el portavoz socialista, Ángel Luna, dijo tener "envidia" porque, aseveró, "los catalanes tienen un presidente", mientras el jefe del Consell, Francisco Camps, está ausente, preocupado únicamente, a su juicio, por sus problemas judiciales. Luna advirtió que la Comunitat podría haber rebasado en las últimas semanas el límite legal de endeudamiento (2,4% del PIB regional) hasta situarse cerca del 4%. "Esto exige una actuación por el Consell, pedir al presidente del Gobierno o ponerse con un platillo en las puertas de la catedral, pero Camps sólo se preocupa por huir".
El presidente de Coalició Valenciana, Juan García Sentandreu, anunció ayer que recurrirá ante la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo el acuerdo entre Zapatero y Mas por considerarlo "un fraude a la ciudadanía".
El PP dice que Montoro no se pronunció sobre la reforma del Estatut "por prudencia"
El PPCV puso ayer paños calientes al silencio del día anterior del responsable de Economía del partido a nivel nacional, Cristóbal Montoro, al ser preguntado sobre si Génova avalaba la reforma del Estatuto de Autonomía presentada por el Consell de Camps para blindar las inversiones estatales en función de la población, con una cláusula similar a las de Cataluña y Andalucía. El portavoz del PP, Rafael Blasco, indicó que Montoro "no tuvo una palabra de descalificación [de la reforma] ni de afirmación" por sentido "de prudencia". No obstante, insistió en que la iniciativa tiene el aval de Génova. Sin embargo, el PP no tiene prisa. Quedan cuatro plenos y un posible quinto y ayer los populares no incluyeron el debate de totalidad de la reforma en el primer pleno de febrero. El socialista Ángel Luna consideró que el silenció de Montoro "evidencia que el Consell está intervenido por Génova".
