El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha tumbado de golpe tres recursos que los letrados del presidente consideran clave para su defensa. El recurso más importante para los intereses de Camps era el que pretendía que las escuchas en la cárcel de los cabecillas de la trama —supuestamente exculpatorias para el jefe del Consell— fueran incluidas en la causa.

Estas conversaciones fueron declaradas ilegales por el Tribunal Supremo, pero la defensa del líder popular entendía que, al no haber tenido conocimiento de las mismas en los inicios del proceso, se habían lesionado los derechos de su cliente. Los otros dos recursos desestimados eran contra las decisiones del juez Flors de abrir plazo para que la Fiscalía formulara su acusación y de no interrogar a Cándido Herrero. Los dos recursos han sido rechazados por el propio Flors.

En cualquier caso, la resolución más trascendente es la de las escuchas. La sala de lo Civil y Penal, que preside Pilar de la Oliva, decidió ayer por unanimidad dar la razón al juez Flors respecto al rechazo de las grabaciones, ya que aunque los magistrados admiten que podrían tener valor probatorio no son aceptables porque las intervenciones ordenadas por Garzón vulneraron la legalidad. «Las grabaciones hechas en el locutorio penitenciario se declararon ilícitas y por ello nulas por afectar a derechos fundamentales de los imputados en el procedimiento de Madrid», según recuerda el auto.

La decisión del TSJCV cierra la puerta de forma definitiva a esta batalla y, además, da al traste con las expectativas de dilatar el proceso. De haberse aceptado el recurso, el caso hubiera sufrido una nuevo retraso al retrotraerse las actuaciones a la fase de instrucción.

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia resuelve que «no todo vale para lograr la pretendida verdad» y sostiene que existen principios que «comportan un mayor valor para la tutela de los derechos fundamentales de la persona, derechos que violarían las escuchas cuya admisión se pide como prueba», según recoge la resolución.

El auto notificado ayer añade que el procedimiento de Valencia tiene «un objeto limitado y unos concretos imputados» y que «ninguno de ellos participó en las conversaciones intervenidas». En opinión de la sala, la conversación que la defensa de Camps quería incorporar puede acreditarse «por otros actos de investigación» y por otras fuentes de prueba.

El juez instructor también acabó con la expectativas de la defensa de que se incorporaran a la causa otras pruebas. En concreto, Flors rechazó la petición de que se interrogue a Cándido Herrero, que fue consejero delegado de Orange Market. Flors advierte en el auto de que la prueba se puede practicar en el acto de audiencia preliminar previo a la apertura de juicio oral. El magistrado ya desestimó la petición el pasado veinte de enero.

Además, el magistrado Flors ha rechazado la solicitud de las defensas de revocar el auto que abría el plazo para que la Fiscalía formulara su escrito de acusación al considerar que está ajustado a derecho. Estas dos decisiones del instructor del caso son susceptibles de apelación ante la sala y, según las fuentes consultadas, serán recurridas.