El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, afirmó ayer que la Justicia debe ser justa y, en el caso Gürtel, "no es justo" lo que está ocurriendo "con el presidente Camps". Rambla se pronunció así al ser preguntado por los periodistas por las declaraciones de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, sobre la necesidad de abrir un debate sobre la independencia de la Justicia. "La Justicia debemos pretender que sea justa, y en este caso creo que no es justo lo que está ocurriendo con el presidente Camps", dijo Rambla.
El vicepresidente primero del Gobierno valenciano agregó: "Espero, deseo y estoy convencido de que al final esa Justicia justa se acabará imponiendo". Al pedirle los periodistas que concretara qué es lo que "no es justo" de lo que le ocurre a Camps, Rambla manifestó que se había explicado "suficientemente".
No fue el único cargo popular que arremetió contra la Justicia por la causa de los trajes de Camps. Tras la reunión del Comité de Dirección del PP La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, defendió al presidente de la Generalitat y arremetió contra lo que calificó como la "doble vara de medir" que utiliza la Fiscalía. A su juicio, es "sorprendente" la cuantía de la multa que solicita para Camps, que alcanza los 41.250 euros, y sin embargo no haya tomado medidas en casos como el de la caja Castilla-La Mancha o el de las supuestas irregularidades en los ERE de Andalucía. En este caso, para Cospedal es "escandalosa" la "nula actividad" de la Fiscalía, que la única medida que ha tomado, según afirmó, ha sido adherirse a la petición de recusación de la juez que lleva el caso, una recusación que ha sido "desestimada".
Blasco: buscan su "aniquilación"
El portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, acusó ayer al Gobierno central de "atacar, una vez más, a la Comunitat Valenciana" y, en esta ocasión, "pone en jaque la imparcialidad de la Justicia, ya que ha teledirigido de manera descarada a la Fiscalía contra la soberanía popular de los valencianos". Blasco denunció que Camps "está sometido a la doble vara de medir de la Fiscalía en función de quien es el denunciado, exponiendo su honorabilidad y carrera política a un proceso judicial mediatizado y dirigido desde la Fiscalía General del Estado con el único fin de su aniquilación política".
