Dirigentes del PP valenciano, algunos de ellos próximos al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, apuestan porque evite sentarse en el banquillo de los acusados por un delito de cohecho impropio mediante un acuerdo de conformidad con las acusaciones en la llamada causa de los trajes abierta en el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Dicho de otro modo, estos responsables creen que Camps debería abonar la multa -la Fiscalía le solicita unos 41.000 euros - con el objetivo de poner fin a lo que consideran un calvario judicial que ha debilitado sobremanera al líder popular.

La opción de aceptar la acusación para cerrar la causa no es la primera vez que se baraja en el PPCV. De hecho, estuvo encima de la mesa del presidente en los inicios de la instrucción en el alto tribunal valenciano. La defensa de otro de los imputados -el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos- estuvo a punto de emprender este camino como una vía rápida de liberar a su cliente, ya fuera de la primera línea política, del estigma de tener que enfrentarse a un juicio. Sin embargo, desde el PP se convenció a Campos para que desistiera de una opción que ponía en evidencia al resto de imputados y rompía la unidad de la defensa que coordina desde Madrid el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo.

El paso del tiempo y el recorrido que ha tenido la causa de los trajes que parece irremediablemente abocada a la apertura de juicio oral ha hecho que la opción de la conformidad vuelva a cobrar fuerza. Se trata de una fórmula que se ha analizado con detenimiento desde el punto de vista jurídico y político por la cúpula del PPCV. Aunque el coste es enorme -la conformidad implica formalmente aceptar los hechos y una condena-muchos creen que con una buena estrategia de comunicación podría trasladarse a la opinión pública que el presidente ante el supuesto uso partidista de la Justicia no ha tenido otro remedio que tomar esta decisión. Sostienen estas fuentes que de esta manera el presidente se ahorraría el "bochorno" de tener que sentarse en el banquillo y pondría fin al desgaste que el PP está teniendo por el caso Gürtel. Cabe apuntar que aunque los tiempos judiciales hacen pensar que el juicio no se celebrará hasta después de elecciones, los pasos preliminares para la constitución del tribunal popular se solaparían con la campaña electoral. El paso depende del presidente, quien en alguna conversación privada no se ha mostrado favorable a la misma. Sin embargo, fuentes de su entorno, admiten que es una decisión muy personal y que, por tanto, sólo la consultará con un reducido número de personas.

Opción inadmisible

Con todo, en el debate abierto en el seno del PPCV hay otros muchos cargos populares que consideran que, dado el punto donde se ha llegado, pagar la multa para evitar el juicio es una opción inviable porque Camps pasaría de la condición actual de imputado a condenado. "El PP no puede aceptar llevar a un condenado en las listas como tampoco es asumible un presidente de la Generalitat condenado", indicó ayer un dirigente valenciano, que también duda de que Mariano Rajoy la aceptara. La opinión es compartida por otros cargos que entienden que sería muy difícil mantener el discurso de la inocencia cuando uno da por buenos los hechos que se le acusan y que ha negado hasta la saciedad: aceptar regalos de una trama corrupta.

Sólo tiene que firmar un escrito de conformidad y presentarlo ante el TSJ

El procedimiento para cerrar el caso es muy sencillo, aunque conlleva la mancha de la condena. Francisco Camps y los otros tres acusados sólo tienen que firmar un escrito de conformidad aceptando como ciertos los hechos que recoge la calificación del fiscal y presentarlo ante el Tribunal Superior de Justicia. El escrito de conformidad en el procedimiento del jurado se puede entregar en cualquier momento. Fuentes jurídicas explicaron que si hay más de una acusación -como ocurre en este caso- el imputado tiene que conformarse con la pena más alta. Es decir, que si el PSPV solicita en su escrito de acusación que el presidente de la Generalitat Valenciana sea condenado a una multa de seis meses a razón de 400 euros diarios -que es el tope máximo que fija el Código Penal por el delito de cohecho- no tendrá más remedio que hacer frente a la pena de los socialista porque sería más elevada que la que reclama el fiscal. En un principio, en el procedimiento del jurado no está previsto que se pueda negociar una reducción de condena. r. f. valencia