La Generalitat Valenciana no está ejerciendo sus competencias en defensa del patrimonio público que constituyen las vías pecuarias, al menos no en todos los casos, lo que ha permitido a un número indeterminado de promotores y urbanizadores embolsarse cifras astronómicas de dinero a costa de un bien de todos como son los antiguos caminos ganaderos.
Así se desprende del caso denunciado en Bétera por Ecologistas en Acción, que ha presentado una denuncia bajo la dirección del letrado José Luis Ramos exigiendo que se depuren "cuantas responsabilidades administrativas, penales o civiles en las que se haya podido incurrir". Ecologistas en Acción sostiene que las vías pecuarias son terreno de dominio público, propiedad de la Generalitat, que no pueden ser incluidas en unidades de ejecución ni se les puede adjudicar edificabilidad. Justo lo contrario de lo que se ha hecho en Bétera.
En este municipio, la superficie ocupada por la vía pecuaria "Cordel de Lliria" ha sido incluida en la unidad de ejecución del Plan Parcial del Sector I-3 de L' Horta Vella. Se trata de 27.682 metros cuadrados, a los que se ha adjudicado una edificabilidad de 0,60, lo que arroja una disponibilidad de 16.560 metros cuadrados de techo que pueden ser transformados por el promotor en viviendas.
Según los datos que figuran en la denuncia, en la unidad de ejecución del citado Plan Parcial, ayuntamiento y particulares han vendido a 300 euros el metro cuadrado de techo, lo que significa que la vereda o cordel de Lliria ha generado un beneficio de 4.968.000 euros.
No se trata sin embargo de una opinión en la que los ecologistas estén solos. La "Revista de derecho urbanístico y medio ambiente" publicaba en su número 239, en 2008, un artículo de Fernando Renau, Secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castelló en el que éste establecía que las vías pecuarias no integran la superficie del sector, "no computan como superficie y no pueden incluirse en las unidades de reparto". De aplicarse esta lógica, avalada, por otra parte, por la doctrina jurídica, "la administración competente no puede informar favorablemente un Plan Parcial que incluya en el sector terrenos de dominio público
En consecuencia, Ecologistas en Acción se pregunta ahora la razón por la que en algunos casos la Generalitat sí ha ejercido sus competencias y ha impedido con carácter previo la inclusión de una vía pecuaria en un Plan Parcial o en su defecto, una vez consolidadas este tipo de situaciones, ha intentado recuperar la edificabilidad que le correspondía al estar apoyada en un camino de dominio público y de la que se ha beneficiado exclusivamente el promotor del plan.
Fuentes de Ecologistas en Acción aseguran que no encuentran respuesta a esta pregunta aunque creen que puede estar relacionada con el nivel de los "contactos" de cada promotor.
Cadena de renuncias
En el caso de Bétera, la arquitecta municipal llegó a certificar que el "Cordel de Lliria" había sido incluido en el Área de Reparto y se le había llegado a asignar Aprovechamiento Urbanístico. Posteriormente, la conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo y la Comisión Territorial de Urbanismo aprobaron el Plan Parcial sin tener en cuenta la irregularidad que suponía la inclusión del cordel.
Además, subraya la denuncia, "ni un solo euro correspondiente al aprovechamiento urbanístico perteneciente a la vía pecuaria ha ido a parar a las arcas de la Generalitat Valenciana, que es su titular. Y lo que resulta más curioso: nada ha hecho la Generalitat Valenciana ni para anular la inclusión de dominio público en un área reparcelable con asignación de edificabilidad ni para reclamar un aprovechamiento asignado a terrenos de su propiedad".
Independientemente de la calificación que reciban estos hechos por los tribunales , el abogado José Luis Ramos no descarta que exista un presunto delito de apropiación de fondos públicos.
Ecologistas en Acción ya intentó frenar este "abuso" y para ello inició acciones judiciales reclamando como "acto nulo" la aprobación del Plan Parcial del sector I-3 de l' Horta Vella. Este tipo de recursos no está sujeto a plazo y resultaba adecuado, según Ecologistas en Acción, puesto que la decisión que lo que el dominio público sobre las vías pecuarias es imprescriptible, inalienable e inembargable.
El juez desestimó el recurso como si fuera un recurso de revisión, que tiene un plazo límite de cuatro años desde que se aprobó el acto recurrido.
Sin embargo, los ecologistas creen haber encontrado otra vía: denunciar los hechos ante la conselleria de Hacienda, que ejerce la tutela sobre las propiedades- vías pecuarias- de la Generalitat y es la responsable de aplicar un derecho que no prescribe. De no actuar ahora para recuperar el "quebranto" sobre la propiedad y las arcas públicas generado por esta actuación, sus funcionarios y/o responsables políticos podrían tener que responder ante un tribunal.
