Más de 100.000 euros del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados (Ivadis) que estaban destinados a pagar a los proveedores de sus centros para personas con discapacidad fueron desviados a cuentas bancarias ajenas. El descubrimiento de esta supuesta irregularidad es la que ha llevado a la Conselleria de Bienestar Social a denunciar ante la Fiscalía al administrador del Ivadis entre 2002 y principios de 2011, José María Vicent Sarrión, muy vinculado a la familia del conseller Rafael Blasco hasta el punto de ser el secretario general del PSD, el partido impulsado por la familia Blasco, hasta finales de 2010. Aunque Sarrión ha asegurado «desconocer» las acusaciones y alega que su gestión ha sido «correcta», la dirección del Ivadis —según pudo saber ayer Levante-EMV de fuentes de la empresa pública—, le atribuye un presunto desvío sistemático de fondos del Ivadis a varias cuentas bancarias que todavía está investigándose y cuyo agujero no para de aumentar.
El supuesto caso de irregularidades afloró casi por casualidad. Un proveedor del Ivadis llamó a la empresa pública para mostrar su queja por no haber cobrado el servicio prestado a la empresa. Los responsables del Ivadis comprobaron la factura en su contabilidad y le respondieron que el pago ya se había efectuado. El proveedor insistió en que no había recibido ninguna transferencia. Y fue entonces cuando se comprobó que el pago se había efectuado, sí, pero a otra cuenta bancaria ajena a la empresa en cuestión.
En ese momento se puso en marcha una investigación interna que comprobó que ni se trataba de un error ni era un caso aislado. En poco tiempo, según revelan las mismas fuentes, aparecieron «alrededor de 20 facturas que figuraban como pagadas», por un importe total de «unos 100.000 euros», y cuyos pagos habían sido efectuados a varias cuentas bancarias que no coincidían con las cuentas de las empresas que habían prestado los servicios a los centros de discapacitados valencianos. En la contabilidad interna figuraban como facturas pagadas, pero a cuentas bancarias que no correspondían con las empresas proveedoras.
Salida de la empresa
Aunque la sucesión exacta de los hechos todavía es confusa a falta de una confirmación oficial, los acontecimientos se precipitaron: la dirección del Ivadis le exigió una explicación por las supuestas irregularidades contables a José María Vicent Sarrión; el todavía administrador de la empresa pública se desentendió del asunto, presentó una rescisión voluntaria de su contrato y abandonó el Ivadis; y la Conselleria de Bienestar Social —de la que depende el Ivadis— denunció ante la Fiscalía a Vicent Sarrión por presuntas irregularidades en la gestión y administración de este organismo público. Esta reconstrucción de los hechos, filtrada desde el interior del Ivadis, no es admitida por el exadministrador, que defiende que abandonó la empresa «por motivos personales» y sin tener constancia de ninguna denuncia contra él.
El gerente, expeditivo en el caso
Tras la denuncia a la Fiscalía y la salida voluntaria de José María Vicent Sarrión, la revisión de las facturas —y el contacto con los proveedores, para ver si su cuenta bancaria correspondía con la que aparece en el pago de la factura— pasó a estar dirigida personalmente por el gerente de la empresa pública, David de Cubas, que según señalan fuentes cercanas se ha mostrado expeditivo en el caso. De hecho, este periódico ha podido confirmar que ahora mismo se están revisando «una por una» todas las facturas pagadas a proveedores. Aparte de la demanda inicial, que rondaba los 100.000 euros, el descubrimiento de nuevas facturas irregulares ha provocado ya al menos una ampliación de la demanda inicial por una cantidad indeterminada. Eso sí: es de menor cuantía que la inicial, según confirmaron fuentes del Ivadis.
Aparte del estupor y la tensión que ha generado este caso de presuntas irregularidades en el seno del Ivadis, fuentes de la empresa pública trasladaron el temor de los responsables de que la entidad caiga en el descrédito por la supuesta mala actuación de uno de sus altos cargos. También recalcaron que, si la Fiscalía confirma la denuncia, se pondrán de relieve los «pocos escrúpulos» de quitar dinero para discapacitados.
Dinero para la atención de 1.300 discapacitados
EI Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados (Ivadis), dependiente de la Conselleria de Bienestar Social, está dedicado a la atención sociosanitaria y la integración sociolaboral de personas con discapacidad y los colectivos en riesgo de exclusión social. Con una plantilla de 800 profesionales, el instituto público atiende a unas 1.300 personas con discapacidad y dispone de 25 centros de atención directa en la Comunitat Valenciana, según los últimos datos facilitados por la Generalitat. Entre sus proveedores destacan las empresas de servicio de alimentación, de sabanas toallas, pañales, material de limpieza y aseo de los internos, productos de oficina u obras pequeñas.
