La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que el jefe del Consell, Francisco Camps, sea juzgado en Valencia junto a los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes, según confirmaron a Levante-EMV fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El fiscal considera que Camps y los otros tres imputados por la causa de los trajes -Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor Campos- deben sentarse en el banquillo junto a los responsables de Gürtel por la conexión entre los donantes de los regalos y los que aparecen como receptores. La Fiscalía ya advirtió en su escrito de acusación por el caso de los trajes -en el que pide a Camps una multa de 41.250 euros- que la causa debe paralizarse hasta que se decidida si se une con la financiación ilegal.
El fiscal defiende la decisión de Antonio Pedreira, juez instructor del caso Gürtel en Madrid, de inhibirse a favor del TSJ de Valencia de los hechos cometidos en la Comunitat Valenciana. El magistrado madrileño remitió al TSJ de Valencia los indicios de delito electoral, contra la Hacienda Pública y de falsedad en documento mercantil durante los ejercicios de 2007 -año de las últimas elecciones locales y autonómicas- y 2008, además de los de cohecho y prevaricación que afectan a varios dirigentes del PP valenciano y la Generalitat.
El Partido Popular recurrió la decisión de Pedreira de inhibirse a Valencia ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El PP solicitó que se revocara la inhibición al considerar que no se ha acreditado la participación en la causa de la financiación ilegal de Francisco Camps ni los otros tres imputados en la causa de los trajes.
La Fiscalía en el escrito que presentó en el TSJ de Madrid -fechado el 22 de febrero- considera que mantener dos procedimientos distintos y separados podría dar lugar a pronunciamientos contradictorios por lo que reclama a la sala de lo Civil y Penal que rechace el recurso del PP.
Por su parte, según informó EFE, el juez Pedreira ha dictado una nueva providencia en la que acuerda archivar "todo lo competente al TSJ de Valencia" a la espera de que los magistrados valencianos decidan sobre si aceptan la competencia para investigar el caso.
