Las medidas de ajuste en el gasto público y de adelgazamiento de la administración que Francisco Camps tiene previsto aplicar si logra un tercer mandato al frente del Ejecutivo valenciano tras las elecciones del 22-M no se circunscribirán al ámbito de la Generalitat. Los populares valencianos creen que otras instituciones, como las Corts Valencianes, la Sindicatura de Greuges o la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, no pueden ser ajenas a las medidas de austeridad y defienden que el "tijeretazo" en el gasto llegue a todos los rincones.

En concreto, varios dirigentes del PP consultados por este diario entienden que todas las instituciones deben apretarse el cinturón y si, como todo apunta, Camps limita la nómina de altos cargos y asesores; idéntico planteamiento, reflexionan, tendrá que hacerse en otros ámbitos como en el Parlamentario o en instituciones de autogobierno. De hecho, ya se han producido reuniones internas en las que miembros del PP valenciano han discutido sobre cómo hacer efectivas estas medidas. Cabe recordar que los populares controlan la práctica totalidad de las instituciones valencianas, por lo que, pese a no contar con el respaldo de la oposición, podrían aplicar sus medidas de recorte.

Razones de coherencia justifican que el planteamiento de adelgazamiento de la administración se haga extensible a todos los ámbitos. Pero hay otras motivaciones más o menos confesables. La ruptura de todos los puentes de diálogo entre el PP y el PSPV fruto de una agria legislatura con el caso Gürtel como telón de fondo, hace que en el PP de la Comunitat Valenciana, seguro de su victoria electoral, esté dispuesto a hacer pagar a los socialistas su línea dura de oposición por la vía del estrangulamiento económico.

El primer paso se inició con la expulsión de los socialistas en los órganos directivos de las cajas y continuó con el bloqueo en la renovación de los órganos consultivos, donde la dirección del PSPV confía en recolocar a alguno de sus actuales diputados. El objetivo de arrinconar al PSPV es evidente. El PPCV acaricia incluso la idea de dar entrada a Esquerra Unida en la Mesa de las Corts a costa de representantes del PSPV. Pero el segundo paso de asfixia económica se está macerando. A nadie se le escapa el impacto que tendría en las maltrechas finanzas del PSPV una drástica reducción en la subvención que reciben los partidos políticos. En los presupuestos de la Generalitat 2011 la ayuda anual a las formaciones políticas pasó de 3,1 millones a 2, 2 millones, pero la rebaja quedó compensada con otra partida complementaria de 900.000 euros para gastos electorales. Las Corts, además, también subvencionan el funcionamiento de los grupos, un dinero que los partidos utilizan, entre otras cuestiones, para contratar a asesores. La tijera podría aplicarse en este terreno.

Como adelantó este diario, en el Ayuntamiento de Valencia ya se ha barajado un ajuste en los gastos de protocolo y personal asesor de los grupos. Los populares iniciaron contactos con el PSPV para negociar el alcance de las medidas, aunque no llegaron a concretarse. Oficialmente, el PP negó el ajuste, aunque los socialistas dan por hecho que se producirá tras el 22-M.

El programa electoral contempla ajustes en todo el sector público

El programa electoral del PPCV recoge compromisos de austeridad en la Administración de la Generalitat, incluido el sector público y las universidades. Según fuentes del PPCV consultadas por este diario, las propuestas de adelgazamiento -plasmadas de manera genérica- son compatibles con las recogidas en el programa marco que el PP dio a conocer este fin de semana. Entre otras cuestiones, Génova defiende reducir a diez el número de conselleries. El Consell actual cuenta con catorce miembros. Desde el PP y el Consell se argumenta que Camps ya ha puesto en marcha durante esta legislatura medidas de ahorro (recorte en gasto corriente y subvenciones así como reducción del sector público) y, además, se ha comprometido a avanzar en este camino tras el 22-M. El PP en boca de José Marí Olano defendió ayer que la austeridad ya se aplica en el Consell, mientras que la oposición insistió en la necesidad de acabar con el "despilfarro". En Presidencia de la Generalitat se asume que habrá reducción de conselleries, de altos cargos y de asesores.