Los valencianos no sólo no penalizan en las urnas a los partidos que llevan en sus listas a alcaldes salpicados por casos de corrupción sino que incluso castigan que se cambie al político bajo sospecha como cabeza de cartel. En algunos casos, la defenestración del alcalde supuestamente corrupto supone una pérdida de votos para su partido que en algunos casos puede llegar al 12%. Ésta es al menos una de las conclusiones principales a las que llega la Fundación Alternativas en un reciente estudio en el que se analiza las consecuencias electorales de los escándalos de corrupción municipal en la legislatura pasada.
El informe de esta fundación cercana al PSOE hace un exhaustivo análisis del impacto en las urnas de los casos de corrupción en el ámbito municipal de Andalucía y la Comunitat Valenciana entre 2003 y 2007. La conclusión no puede ser más demoledora: "No existe evidencia de ningún tipo de castigo electoral a los partidos afectados por investigaciones judiciales", aseguran los autores de este informe tras analizar los resultados obtenidos en los comicios de 2007. Aunque el informe se circunscribe al ámbito local, sus conclusiones parecen perfectamente extrapolables al escenario actual con unas elecciones a la vuelta de la esquina y con unas encuestas electorales que vaticinan al Partido Popular una victoria aplastante pese a que sus referentes políticos más importantes están envueltos en procesos judiciales relacionados con la corrupción.
El estudio, de 35 páginas, y que lleva la firma de Gonzalo Rivero, licenciado en Historia; y Pablo Fernández-Vázquez, licenciado en Ciencias Políticas -ambos son candidatos a doctor en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Nueva York- no discrimina entre siglas. Es decir, la conclusión de que la corrupción no pasa factura electoral es idéntica en todos los casos y al margen de si el edil pertenece al PP, al PSPV o a otras formaciones. A diferencia de otros estudios ya publicados en este terreno, los autores precisan que para su investigación no han tenido en cuenta todos los escándalos sino aquellos más "claros y graves" y que no meramente pudieran partir de un medio de comunicación o de una denuncia del partido de la oposición. Así, precisan que los casos estudiados se ceñían a los siguientes criterios: la existencia de indicios de ilegalidad de tipo penal; que la responsabilidad del hecho recayera en el alcalde o algún otro miembro del equipo de gobierno municipal y que hubiera una intervención de la fiscalía o de un juzgado. Advierten también que sobre los casos analizados no existía una "demostración fehaciente" de su culpabilidad, aunque elementos suficientes para que fueran creíbles ante la opinión pública. En el caso de la Comunitat Valenciana, la lista negra engloba a veinte municipios.
Los expertos avisan también de las dificultades existentes para analizar el comportamiento electoral ya que admiten que cuando un elector decide su voto no sólo tiene en cuenta su percepción sobre la honestidad de los alcaldes sino otros factores que pueden "enmascarar el impacto negativo de las sospechas de corrupción en los resultados electorales". Cabe apuntar que el patrón de las localidades donde se concentra el mayor número de escándalos está muy definido. Se trata de municipios, generalmente costeros o con potencial turístico, más propicios a la especulación urbanística y donde "existen fuertes incentivos para que los promotores sobornen a los alcaldes para autorizar recalificaciones". Los autores llaman la atención sobre el hecho de que la burbuja inmobiliaria trae consigo resultados económicos que pueden mejorar las perspectivas electorales del alcalde. Dicho de otro modo, las mejoras del desarrollo urbanístico "compensan" el desagrado que el votante siente por la corrupción.
La diferencia "más llamativa" del estudio respecto a Andalucía y la Comunitat Valenciana es cuando se renuevan a los candidatos bajo sospecha. En la primera comunidad el partido puede llegar a mejorar sus resultados si "limpia sus filas". "En el caso de Valencia el reemplazo de candidatos corruptos por el partido está asociado a mayores pérdidas electorales, que pueden llegar al 12%; es decir, son castigados".
Dicho esto, los autores se muestran "pesimistas". La ausencia de castigo electoral "es un serio revés para el control de los políticos por las elecciones y pone en cuestión la capacidad del mecanismo electoral para discriminar, no solo entre buenos y malos candidatos, sino incluso para cumplir la función más básica de expulsar de la arena política a aquellos que podrían haberse aprovechado irregularmente de los bienes comunes", concluyen.
